La posible clausura del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de El Bolsón sumó un nuevo capítulo institucional. Esta vez, fueron los bloques legislativos del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) quienes presentaron un proyecto de Comunicación en la Legislatura de Río Negro para expresar su “profunda preocupación” ante el riesgo de cierre del dispositivo. La iniciativa solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, y en particular al Ministerio de Desarrollo Humano que garantice la continuidad del CAINA mediante la regularización contractual del inmueble, la asignación de recursos humanos y materiales adecuados, y la construcción del edificio propio, prometido por sucesivas gestiones.
El reclamo legislativo se suma a la denuncia pública realizada por la seccional Andino Sur de ATE, que desde hace semanas mantiene el estado de alerta, asamblea permanente y movilización en la sede local de la SENAF. El gremio advirtió que el Gobierno provincial no renovó el contrato de alquiler del inmueble, vencido en septiembre de 2024, lo que coloca al dispositivo en una situación irregular e ilegal que podría derivar en un desalojo inminente. La falta de respuestas oficiales y las versiones cruzadas entre funcionarios —la secretaria de Niñez, Roxana Cullumilla, habría manifestado la intención de cerrar el CAINA, mientras que el ministro Juan Muena aseguró desconocer la situación— profundizaron la incertidumbre y alimentaron la sospecha de una estrategia deliberada de desmantelamiento.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcan que el CAINA no es un orfanato, sino un hogar de tránsito que brinda respuesta de emergencia las 24 horas a niñeces en situación de extrema vulnerabilidad, víctimas de abusos sexuales, violencias o negligencias graves que impiden su permanencia temporal en el núcleo familiar. El dispositivo ofrece alojamiento, alimentación, acompañamiento escolar, sanitario, y, sobre todo, un espacio de contención afectiva en momentos críticos. Su cierre implicaría la pérdida de una herramienta esencial en la red de protección de derechos de la niñez, no solo en El Bolsón, sino también en localidades como Mallín Ahogado, El Foyel, Villegas, El Manso, Ñorquinco y Río Chico.
Asimismo, alertaron que un eventual traslado de los niños a otras localidades implicaría un desarraigo injustificable, vulnerando aún más sus derechos. “Resulta alarmante que se haya justificado el cierre con argumentos presupuestarios, como afirmar que ‘un alquiler es mucho gasto para tan pocos niños’. Las infancias no se miden en números”, remarcaron. En ese sentido, recordaron que el Estado tiene una obligación indelegable de proteger a las infancias, y que cualquier decisión que implique el cierre del CAINA debe ser considerada un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos.
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