Buscando fortalecer la economía y promover el turismo en la región, desde provincia abrirán un proceso de licitación por la concesión del centro de esquí del cerro Chapelco y desde San Martín están expectantes a lo que puede ser esta nueva etapa. Luego de 38 años se vuelve a abrir este proceso en un hecho que marcha la transparencia y democracia promovida por el gobernador Rolando Figueroa y esperan que la ciudad andina pueda verse beneficiada con este cambio.
Según explicaron las fuentes provinciales, hasta el día del inicio de este proceso de licitación, la concesión del cerro solo apoartaba un canon de 50 mil dólares anuales a la provincia. Algo que es considerado como insuficiente teniendo en cuenta la relevancia del centro de Chapelco. "Es precisamente en el trabajo en conjunto, la información detallada, la transparencia y el robustecimiento del sentido de pertenencia, donde radica la novedad. Este proceso licitatorio marcará un antes y un después", explicaron en un boletín oficial.
En los últimos días se llevaron a cabo diversas reuniones para determinar el futuro del centro de esquí entre el ministro de Turismo Gustavo Fernández Capiet, los directivos de la Asociación de Instructores de Esquí de Chapelco, el presidente de la Asociación, Kurt Treichel y las dirigentes María Houssey y Carolina Arcagn. En dichas reuniones se dialogó articuló el trabajo de distintos actores para determinar "las nuevas reglas de juego que redundarán en beneficios para la comunidad y de la temporada que está absolutamente garantizada".
De esta manera desde Provincia buscan poder avanzar en la transparencia fiscal y poder demostrar a los vecinos de Neuquén que las cosas se pueden hacer de manera responsable y sin esconder información. "Queremos que la licitación esté a la vista de todos", explicaron las autoridades.
El contrato actual de concesión, que data de 1987, terminará el 7 de abril y se optó por no renovarlo debido a que no beneficiaba a la provincia ni a la comunidad. La nueva licitación incluirá mejoras en las condiciones, como un canon mínimo del 2% de la facturación, inversiones obligatorias y la incorporación de acuerdos con las comunidades mapuches. Será una contratación justa no sólo frente a las obras que realiza la provincia (en rutas y aeropuertos) sino también frente al esfuerzo que realiza la comunidad en su conjunto.