Rolando Figueroa busca cambiar el esquema político de la ciudad y avanzar hacia la transparencia fiscal. En ese camino fue hace más de un mes que se firmó un decreto que busca que todos los funcionarios públicos de la planta política deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en un plazo de 30 días hábiles luego de su notificación. Esta medida tuvo buen impacto, ya que se presentaron 2900 documentos (73% del total).
Este decreto fue firmado en el marco de la iniciativa de promoción de la transparencia institucional y reafirmar la tolerancia cero con respecto a los hechos de corrupción. Algo que quedó en evidencia tras el escándalo de la ex vice gobernadora Gloria Ruiz. Por eso el funcionario provincial fue claro, sin tapujos ni pelos en la lengua: "Quienes al 25 de marzo no lo hagan(la declaración jurada), quedarán afuera de este gobierno”.
Cabe destacar que, en este contexto, ya se presentó un récord histórico pensando en la transparencia. Ya que desde el año 1991 hasta 2023 solo se habían registrado 937 declaraciones juradas, una uña de los nuevos números presentados por este gobierno.
A quienes alcanza este decreto
Otra de las funcionarias que se pronunció al respecto fue la Escribana General de Gobierno, Laura Miranda quien aseguró que la relevancia de esta ley y la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas "condice con lo que es una política de Estado y la obligatoriedad de los funcionarios de declarar sus patrimonios”.
Al respecto Miranda, recordó que “la Ley 5 es provincial y establece que los funcionarios, magistrados, legisladores y los empleados que son funcionarios o que ocupan cargos en el ejecutivo deben presentar su declaración jurada patrimonial” y agregó “si bien es una ley del año 1958, tiene un criterio bastante visionario porque es información similar a lo que pueden presentar ante otras autoridades con competencias como ARCA o la Unidad de Información Financiera y determina que debes presentar un detalle de tu patrimonio, el origen, que determines quiénes son tus ascendientes, descendientes, ciertos familiares”.
El alcance de la Ley 5 es a los puestos más importantes de la jurisdicción provincial como gobernador y su respectivo vice, pero también a los ministros del Ejecutivo, magistrados judiciales, legisladores y empleados funcionarios.