Tras una serie de audiencias, el fiscal del caso Juan Narvaez solicitó el pase de la investigación por estafas con planes sociales a etapa de juicio y que todos los imputados sean juzgados ante un tribunal colegiado.
Durante los días que tomó el proceso, las partes realizaron convenciones probatorias (aspectos que no serán discutidos y que se tomarán por válidos) que permitirán agilizar el juicio. Además, tanto la fiscalía como las defensas de las personas acusadas presentaron testigos y pericias que respaldarán sus respectivas teorías del caso.
Al inicio del control de acusación, la jueza de garantías Carina Álvarez admitió las figuras penales de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjeta de débito sin autorización de su titular.
La magistrada coincidió en esa instancia con el fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el fiscal del caso Narvaez, y rechazó los planteos de las defensas.
“La fiscalía tiene un caso para ir a juicio”, sentenció Álvarez, y aceptó la acusación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores, (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).
Resta ahora que la jueza se expida sobre los testigos, convenciones presentadas y sobre la habilitación de la etapa de juicio. Eso sucederá el miércoles próximo, según resolvió hoy, aunque el horario definitivo será fijado por la Oficina Judicial.
Las estafas con Planes Sociales
La organización delictiva estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico.
La asociación ilícita reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.