En reunión plenaria de las comisiones de Constitucionales y Presupuesto, este martes se debatió el proyecto de ley que establece un nuevo ingreso a planta permanente para personal temporario de Río Negro. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría, con rechazo de un solo bloque, y será elevada para su tratamiento en sesión.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fundamentó la propuesta y explicó que el proceso será voluntario, con corte de contratación al 31 de diciembre de 2025. El mecanismo prevé evaluaciones teóricas virtuales mediante la plataforma del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), además de un examen de idoneidad, control psicofísico, ausencia de sanciones y un informe de la autoridad inmediata.
El proyecto alcanza a unos 4.200 agentes estatales, de los cuales un 35% corresponde al sector de Salud Pública, bajo los regímenes de las leyes 1844 y 1904. También incluye personal de servicio de apoyo, Ministerio de Desarrollo Humano, IPROSS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno, Deporte, Educación y Cultura, entre otros.
Lastra aclaró que los funcionarios superiores designados por decreto sin contrato previo quedan excluidos del proceso, aunque quienes sí tenían un contrato de base antes de asumir un cargo político podrán rendir el examen. “El empleado no pierde su calidad de trabajador por haber aceptado un cargo de mayor responsabilidad”, señaló, ejemplificando con médicos que luego son designados directores o ministros.
La legisladora Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos acompañó la iniciativa al destacar que “el derecho a la estabilidad laboral es fundamental en este momento de incertidumbre que vive el país”. Por su parte, José Luis Berros planteó interrogantes sobre la objetividad de los informes de recursos humanos y la situación de quienes trabajan bajo la modalidad de horas cátedra.
Lastra respondió que el salario neto de bolsillo no sufrirá reducciones y que el procedimiento respetará “criterios objetivos, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y derecho a la revisión administrativa”.
Desde el PRO, el legislador Juan Martín pidió el detalle nominal de los contratados por sector y cuestionó la difusión de la medida realizada por ATE. Aunque mostró escepticismo sobre los mecanismos de acompañamiento para quienes reprueben, valoró la aplicación del sistema de control de licencias que redujo el ausentismo estatal del 38% al 12%.
El debate concluyó con despacho de comisión, con la única oposición de Claudio Doctorovich, aliado a legisladores sin bloque. El PRO, en tanto, tomó 48 horas para definir su posición.
