El 20 de agosto de 2008, en una sala colmada del Tribunal Oral Federal de Neuquén, comenzó a escribirse una página decisiva para la historia de los derechos humanos en el sur del país. Por primera vez, la Justicia Federal juzgaba y condenaba a los responsables del terrorismo de Estado en Neuquén. Ocho militares que habían integrado la estructura represiva entre 1976 y 1979 fueron llevados a juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, ubicado en el fondo del predio del Batallón de Ingenieros de Construcción 181.
El juicio culminó el 18 de diciembre de 2008 con un hecho inesperado y de alto impacto simbólico: el mismo día en que concluyeron los alegatos, el tribunal presidido por Orlando Coscia leyó el veredicto. Los acusados, que hasta último momento optaron por el silencio, escucharon las condenas rodeados por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos que habían esperado más de tres décadas ese momento.
Fue el primer proceso por delitos de lesa humanidad desarrollado en el sur argentino y uno de los más relevantes de su tiempo por la cantidad de represores condenados en una sola causa. La sentencia estableció con claridad la responsabilidad penal de los imputados por secuestros, tormentos físicos y psíquicos, robos, violaciones de domicilio y asociación ilícita, todos agravados por tratarse de persecución política.
El juicio estableció de manera contundente la existencia de La Escuelita como centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada, y la articulación de un plan sistemático de represión en Neuquén y el Alto Valle. Aquella sentencia fue el punto de partida para nuevas causas y para una demanda que sigue vigente: la preservación del predio como Sitio de Memoria.
El histórico fallo fue celebrado por las víctimas que dieron su testimonio después de muchos años de sufrir las más crueles torturas físicas y psicológicas, y por familiares y amigos de desaparecidos y organismos de derechos humanos, entre otros.
La causa por crímenes de lesa humanidad en Neuquén y el Alto Valle se reabrió en 2005, tuvo más de 90 víctimas y varias decenas de represores identificados. El juez federal Guillermo Labate la fragmentó y elevó en una primera etapa los 17 casos por los que se juzgó a los ocho militares.
Quiénes fueron los condenados y qué rol cumplieron
Las penas impuestas marcaron un hito:
Enrique Braulio Olea, general de brigada y jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, recibió 25 años de prisión por su rol central en el esquema represivo.
Oscar Lorenzo Reinhold, coronel y jefe del Comando de Brigada de la Subzona 52, fue condenado también a 25 años.
Mario Alberto Gómez Arenas, teniente coronel y jefe del Destacamento de Inteligencia, con directa injerencia en La Escuelita, recibió 25 años de cárcel.
Luis Alberto Farías Barrera, mayor y jefe de la División Personal del Comando, fue condenado a 22 años de prisión; era el nexo con los familiares de los detenidos.
Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, oficiales de Inteligencia, recibieron 21 años de prisión cada uno.
Hilarión de la Pas Sosa, médico y jefe de Sanidad del Comando, condenado a 20 años, por asistir y facilitar sesiones de tortura.
Francisco Julio Oviedo, suboficial de Inteligencia, recibió la pena menor: 7 años de prisión.
Todos fueron condenados a cumplir sus penas en cárcel común, un punto largamente reclamado por las querellas y los organismos de derechos humanos.
“Comenzamos otra época”
Tras la lectura del fallo, las voces que emergieron reflejaron alivio, emoción y también la conciencia de que la lucha no había terminado. “Es una parte del triunfo de mucha gente que luchó más de 32 años para que esto se haga realidad. Comenzamos otra época con estas condenas”, afirmó entonces Noemí Labrune, histórica referente de la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) neuquina.
Desde las querellas, la abogada Ivana Dal Bianco sostuvo que “es un paso adelante que se haya condenado a los ocho imputados”, aunque advirtió que no se hubiera incorporado la figura de genocidio.
Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo y madre de Oscar Alfredo Ragni, uno de los desaparecidos: “Demostramos que sin violencia se puede llegar a la Justicia. La verdad de lo que pasó en La Escuelita fue dicha por los familiares y los sobrevivientes”, expresó, rodeada de abrazos al conocerse la sentencia.
Memorias que persisten
A 17 años de aquel fallo, los organismos de derechos humanos recuerdan que fue apenas el comienzo. “Apenas el principio”, titularon entonces los análisis. El mensaje sigue siendo el mismo: memoria, verdad y justicia no se archivan.
Por eso este jueves, en el marco del 17° aniversario de las condenas, organismos de derechos humanos convocan a una actividad abierta a partir de las 9 en Carlos H. Rodríguez 264.
La jornada incluirá intervención artística, pronunciamiento y pañuelazo, bajo la consigna “Memorias que Persisten”.
“El relevo que nos pidieron las Madres neuquinas de Plaza de Mayo se cumple en las calles”, sostienen desde la convocatoria. Porque cada aniversario no es solo una fecha: es una reafirmación colectiva de que la memoria sigue de pie.
