El conflicto entre las clínicas privadas y el PAMI sumó un nuevo capítulo con la decisión de 32 instituciones de la Patagonia de suspender prestaciones ambulatorias el próximo lunes. La medida, que mantiene la atención de urgencias y emergencias, busca visibilizar el deterioro del financiamiento y el impacto directo en la salud de los afiliados.
El vocero de las prestadoras, Andrés Sabalete, explicó que la decisión responde a una situación límite: “Llegamos a esta medida porque ya existen restricciones en guardias y operaciones programadas. En los últimos dos años sufrimos una depreciación del 75% respecto de la inflación. Hoy los costos de los servicios que brindamos superan lo que PAMI paga”.
Sabalete detalló que incluso la compra de materiales quirúrgicos supera el valor de las prestaciones reconocidas por el organismo nacional. “Trabajamos endeudándonos, con deuda impositiva, previsional, debiendo a proveedores y con dificultad para abonar salarios. Hay clínicas en Río Negro que tuvieron que pagar sueldos en cuotas”, señaló.
El vocero advirtió en Radio Kaos que la situación repercute directamente en los afiliados: “Es casi un congelamiento de precios de las prestaciones y el afiliado sufre las consecuencias. Hay demoras en la provisión de prótesis y problemas con sus características, porque PAMI no cubre las importadas”.
La crisis afecta a 10.000 puestos de trabajo en las cuatro provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa. Según Sabalete, el sistema de salud enfrenta un escenario complejo: los aportes de los trabajadores se reducen por la depreciación salarial y eso impacta en el financiamiento de las obras sociales. “Todas las obras sociales actualizaron valores, pero PAMI no. Y PAMI representa el 40% de los ingresos de las clínicas de la región”, remarcó.
Consultado sobre la renuncia de Nicolás Petrini a PAMI Río Negro, el vocero aclaró: “No nos compete analizar esa decisión. Debo decir que el diálogo con Petrini y a nivel nacional es fluido, pero no se traduce en soluciones concretas. Entienden el reclamo, pero no cuentan con recursos presupuestarios”.
La medida de suspensión se mantendrá mientras no haya una respuesta efectiva. Los prestadores subrayan que las emergencias y casos graves seguirán siendo atendidos, pero advierten que el sistema está en crisis y que la salud de los jubilados se deteriora cada vez más.
