El decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa que dispuso la exoneración de cuatro agentes estatales y la cesantía de una quinta empleada marca un nuevo capítulo administrativo de la denominada causa de los planes sociales, considerada una de las investigaciones por corrupción más importantes de la historia reciente de Neuquén.
La medida alcanza a Tomás Siegenthaler (ex coordinador Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo Social), Luis María Gallo (exdirector de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social), Julieta Mariana Oviedo (ex directora de Tesorería) y Aaron Escobar, quienes fueron condenados por delitos contra la administración pública, mientras que Marines Elizabeth Huaiquipán fue cesanteada luego de que el sumario administrativo concluyera que incurrió en incumplimientos incompatibles con la función pública, pese a haber sido sobreseída en la causa penal. Huaiquipán era una de las integrantes del grupo "extractores" que iba al banco con tarjetas de débito de los beneficiarios y les vaciaban las cuentas.
La investigación judicial salió a la luz en 2022, cuando el Ministerio Público Fiscal detectó graves irregularidades en el manejo de los fondos destinados a programas sociales administrados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Según la acusación, durante varios años funcionó una estructura que desviaba dinero correspondiente a beneficiarios de planes sociales mediante maniobras que incluían la utilización de tarjetas de débito, extracción de dinero en efectivo y rendiciones apócrifas. El perjuicio económico para el Estado provincial fue estimado en cientos de millones de pesos.
La pesquisa fue encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que logró reconstruir el funcionamiento del circuito a partir de documentación bancaria, registros administrativos, pericias informáticas, testimonios y miles de movimientos financieros.
El tribunal fijó penas de 5 años de prisión efectiva a Tomás Siengentharler; en tanto a Luis María Gallo y Julieta Mariana Oviedo, 3 años y 6 meses. Por su parte, Escobar reconoció antes del juicio su participación en la asociación ilícita y quedó apartado del juicio. También Huaiquipán fue sobreseída en la causa penal de estafa con planes sociales.
Condenados y roles
- Tomás Siegenthaler: excoordinador Provincial de Administración, condenado a 5 años de prisión. El tribunal lo definió como el "núcleo clave" de la maniobra.
- Julieta Oviedo: exdirectora de Tesorería, condenada a 3 años y 6 meses. Los jueces destacaron su papel en la apertura de cuentas y autorización de pagos.
- Luis María Gallo: exdirector de Finanzas, condenado a 3 años y 6 meses. Era firmante de la cuenta desde la que se canalizaban los fondos.
- Aaron Escobar: admitió su participación antes del juicio y fue condenado en un procedimiento abreviado.
- Marines Huaiquipán: integró el grupo de los llamados "extractores". Fue sobreseída en la causa penal, pero cesanteada tras el sumario administrativo.
El decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa que dispuso la exoneración de cuatro agentes estatales y la cesantía de una quinta empleada marca un nuevo capítulo administrativo de la denominada causa de los planes sociales, considerada una de las investigaciones por corrupción más importantes de la historia reciente de Neuquén.
El papel atribuido a los agentes ahora exonerados
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los agentes públicos involucrados incumplieron deliberadamente los deberes propios de sus funciones y facilitaron maniobras que permitieron el desvío de fondos públicos.
En el caso de Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar, la Justicia entendió que existían elementos suficientes para condenarlos por distintos delitos contra la administración pública vinculados con su intervención en el manejo irregular del sistema de asistencia social.
Si bien la responsabilidad atribuida a cada uno difiere según las funciones que desempeñaban y los hechos analizados durante el debate, todos quedaron alcanzados por condenas que derivaron posteriormente en la apertura de sumarios administrativos dentro del Estado provincial.
Los fundamentos de la sentencia por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén permitió conocer por primera vez cómo evaluó el tribunal la actuación de algunos de los principales funcionarios condenados por delitos contra la administración pública.
Los jueces reconstruyeron el funcionamiento del circuito administrativo y financiero que hizo posible el desvío de fondos públicos destinados a programas de asistencia social. Allí describieron el rol que desempeñaron Siegenthaler, Oviedo y Gallo, tres de los agentes que fueron exonerados por el Gobierno provincial mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa.
Los fundamentos de la sentencia por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén permitió conocer por primera vez cómo evaluó el tribunal la actuación de algunos de los principales funcionarios condenados por delitos contra la administración pública.
Para el tribunal, Siegenthaler ocupó una posición determinante dentro del esquema investigado. Los jueces señalaron que, en su carácter de Coordinador Provincial de Administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social, "representó uno de los núcleos clave de la maniobra", ya que tuvo a su cargo la conducción del circuito financiero utilizado durante la operatoria.
La sentencia sostiene que bajo su dependencia directa se encontraban Julieta Oviedo, Luis Gallo y, posteriormente, Laura Reznik, lo que le otorgaba un control directo sobre áreas sensibles del manejo de los fondos públicos.
Los magistrados también pusieron el foco en su formación profesional. Destacaron que Siegenthaler es contador público y que sus conocimientos técnicos en materia administrativa y financiera le permitieron comprender en profundidad el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
Esa preparación, señalaron, no solo le dio las herramientas para intervenir en las maniobras, sino que además agravó su responsabilidad. "Esa formación profesional le permitió manipular listados, editar archivos digitales y comprender en profundidad los circuitos de control, extremo que no solo demuestra su capacidad para intervenir en la maniobra, sino que agrava el reproche, en tanto conocía con precisión los límites legales de su función y los riesgos institucionales de su accionar", afirmaron los jueces.
Respecto de Oviedo, quien se desempeñaba como directora de Tesorería, el tribunal entendió que tuvo un papel operativo permanente dentro del circuito financiero. Los fundamentos indican que durante todo el período investigado ejecutó una maniobra compleja desde un área estratégica del ministerio.
Según la sentencia, integró el núcleo del servicio financiero permanente y participó de tareas esenciales para el movimiento de los fondos públicos, entre ellas la apertura de cuentas bancarias y la autorización de pagos, tanto mediante transferencias como a través de cheques.
Siegenthaler ocupó una posición determinante dentro del esquema investigado. Los jueces señalaron que, en su carácter de Coordinador Provincial de Administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social, "representó uno de los núcleos clave de la maniobra", ya que tuvo a su cargo la conducción del circuito financiero utilizado durante la operatoria. La sentencia sostiene que bajo su dependencia directa se encontraban Julieta Oviedo, Luis Gallo y, posteriormente, Laura Reznik, lo que le otorgaba un control directo sobre áreas sensibles del manejo de los fondos públicos.
Para los magistrados, esas funciones resultaron determinantes para sostener el mecanismo que permitió el desvío de dinero destinado a los planes sociales.
Los jueces también dedicaron un apartado específico a Gallo, a quien describieron como un funcionario con una "posición jerárquica relevante" dentro de la administración financiera del ministerio.
La sentencia destaca que autorizaba operaciones bancarias y era uno de los firmantes habilitados de una cuenta oficial destinada específicamente a la ejecución de programas de asistencia social. Para el tribunal, esa facultad le otorgaba un rol jurídico decisivo dentro de la maniobra.
Los magistrados concluyeron que su intervención como director del área y firmante autorizado lo convirtió en un actor indispensable para la concreción de las operaciones cuestionadas. "Su intervención como firmante y director del área lo convirtió en un sujeto activo indispensable del delito, ya que sin su aporte esencial los pagos no podrían haberse concretado ni sostenido en el tiempo", sostuvieron en los fundamentos.
Más allá de que la causa continúa su trámite en la instancia de impugnación, el Gobierno provincial avanzó con las actuaciones disciplinarias previstas en el Estatuto del Personal Civil, el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Administración Financiera. Concluidos esos procedimientos, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispuso la exoneración de Siegenthaler, Gallo, Oviedo y Escobar, la máxima sanción prevista para un agente público, que implica su expulsión definitiva de la administración provincial.
El juicio y las condenas
El proceso judicial se convirtió en uno de los más complejos que afrontó la Justicia neuquina en materia de corrupción. Durante meses declararon decenas de testigos y se incorporó una importante cantidad de prueba documental para determinar cómo operaba el mecanismo que permitió el desvío de fondos destinados a sectores vulnerables.
El tribunal dictó condenas para numerosos imputados, aunque también resolvió absoluciones en algunos casos. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Fiscalía de Estado recurrieron el fallo ante el Tribunal de Impugnación, al considerar que debían revisarse determinadas absoluciones y agravarse algunas penas. Por ese motivo, la causa aún no se encuentra completamente firme desde el punto de vista judicial.
La decisión administrativa
Más allá de que la causa continúa su trámite en la instancia de impugnación, el Gobierno provincial avanzó con las actuaciones disciplinarias previstas en el Estatuto del Personal Civil, el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Administración Financiera.
Concluidos esos procedimientos, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispuso la exoneración de Siegenthaler, Gallo, Oviedo y Escobar, la máxima sanción prevista para un agente público, que implica su expulsión definitiva de la administración provincial.
En el caso de Marines Elizabeth Huaiquipán, la sanción fue de cesantía. Aunque fue sobreseída en la causa penal, el sumario administrativo determinó que había incurrido en incumplimientos incompatibles con la función pública, aunque se contemplaron circunstancias personales atenuantes al momento de fijar la sanción.
Una política de depuración del Estado
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida forma parte del proceso de saneamiento de la administración pública impulsado por la gestión de Rolando Figueroa.
El Gobierno sostiene que quienes vulneraron la confianza pública no pueden continuar desempeñándose en el Estado y considera que las exoneraciones constituyen un paso más en la recuperación de la credibilidad institucional, mientras la causa judicial continúa su recorrido en los tribunales.
