Planes sociales a cambio de votos
Durante la última audiencia del juicio por la estafa con planes sociales, una joven de Toma Norte declaró que su hermana participaba en campañas políticas provinciales para el MPN y que era habitual entregar planillas con datos de personas que, a cambio, accedían a ayudas sociales. Según su relato, la gestión de los planes estaba ligada a conseguir respaldo para el oficialismo, y quienes lograban "sumar votos" eran beneficiados con ingresos estatales.
Aunque ella no recibió un plan, explicó que el mecanismo era conocido en su entorno y que varias personas actuaban como intermediarias barriales. Las promesas eran claras y el acceso a la asistencia dependía del nivel de participación política.
Manejaban sus cuentas sin que lo supieran
Otra testigo relató que accedió a una ayuda social durante 2021, cuando estaba desocupada. Sin embargo, la condición fue entregar su tarjeta de débito y su clave. Durante meses recibió un monto fijo en efectivo, muy por debajo de lo que luego descubrió que se depositaba en su cuenta bancaria. Esa diferencia nunca fue explicada.
Más tarde, la misma persona supo que se habían dado instrucciones previas sobre cómo debía declarar si era convocada por la Justicia, lo que abre sospechas sobre una red organizada para cubrir irregularidades y ocultar los montos reales involucrados.
Una red con jerarquías y miedo
Además de las beneficiarias, también declararon personas que trabajaron dentro del Ministerio de Desarrollo Social. En 2023, algunas de ellas se presentaron en la fiscalía y contaron que se realizaban extracciones masivas con tarjetas de beneficiarios y que ese dinero en efectivo se guardaba en una caja aparte, apodada internamente “la caja azul”.
Esos testimonios fueron clave para avanzar en la figura de asociación ilícita. Actualmente, tres exfuncionarios –Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna– están detenidos y enfrentan cargos por su presunta participación en esta estructura.
Cuentas en el BPN abiertas sin consentimiento
La audiencia también reveló que varias personas descubrieron que tenían cuentas abiertas en el Banco Provincia de Neuquén a su nombre, pero sin haberlas solicitado. Algunas figuraban como beneficiarias de planes que nunca habían pedido y solo lo supieron cuando la Justicia las llamó a declarar.
En otros casos, los trámites eran gestionados por punteras políticas que decidían incluso en qué cuenta se depositaría el dinero. Algunas mujeres relataron que les obligaban a mantener cuentas separadas si ya cobraban otras asignaciones, como la AUH.
El “voto seguro”, más que una sospecha
Varios testimonios apuntaron a la existencia de una estructura política que organizaba el “voto seguro”: una práctica de vieja data que consiste en garantizar que determinadas personas asistan a votar, registrarlas en planillas y controlar si efectivamente cumplen. Esa metodología se habría combinado con la gestión de planes sociales, transformando el acceso a la ayuda estatal en una moneda de cambio electoral.
El juicio continúa en Neuquén con 14 imputados y un nivel de exposición creciente. Lo que comenzó como una denuncia por irregularidades administrativas, hoy avanza sobre una trama mucho más compleja: cómo se usó la pobreza como herramienta política, con dinero del Estado y a costa de quienes más lo necesitaban.