La discusión sobre la extranjerización de tierras terminó convirtiéndose en uno de los mayores desafíos políticos para el oficialismo nacional en el Senado. Lo que inicialmente aparecía como un capítulo con posibilidades de ser aprobado perdió respaldo en pocos días hasta quedar fuera del proyecto. En ese proceso, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue el primer mandatario provincial en expresar públicamente su rechazo y en sostener que la iniciativa no debía avanzar, una postura que luego terminaría siendo compartida por otros gobernadores.
Mientras en el Congreso continuaban las negociaciones para reunir los votos necesarios, Figueroa decidió fijar una posición política clara desde el interior neuquino. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó que “no estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra” y ratificó que Neuquén no acompañaría iniciativas nacionales que permitieran ampliar la venta de tierras a extranjeros. Además, recordó que el gobierno provincial ya había enviado a la Legislatura un proyecto para que las tierras fiscales neuquinas solo puedan ser adquiridas por ciudadanos o personas jurídicas argentinas, reforzando una línea política basada en la defensa del territorio provincial.
La definición del mandatario neuquino no quedó aislada. Con el correr de los días comenzaron a multiplicarse las dudas entre los aliados del oficialismo nacional, especialmente entre aquellos gobernadores que advertían el creciente costo político que implicaba respaldar una iniciativa que había pasado de una discusión técnica a un debate profundamente político. En ese contexto, las senadoras Julieta Corroza (Neuquén), Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán) comunicaron que no acompañarían el capítulo referido a la extranjerización de tierras, reflejando la posición de sus respectivos gobiernos provinciales.
Según trascendió durante las negociaciones parlamentarias, varios legisladores reconocían en conversaciones reservadas que el debate ya había cambiado de naturaleza. La preocupación pasaba por el impacto que tendría en cada provincia votar una norma asociada a la venta de tierras a extranjeros, una cuestión que había adquirido una fuerte repercusión pública. Incluso dentro del propio oficialismo comenzaron a aparecer diferencias sobre la conveniencia de insistir con un tema que no lograba reunir el consenso político necesario para ser aprobado.
A ese escenario se sumaron las diferencias internas entre sectores del Gobierno nacional respecto del contenido de la reforma y las modificaciones negociadas durante las últimas semanas. La falta de acuerdo terminó debilitando aún más la estrategia parlamentaria y el oficialismo perdió la mayoría que aseguraba tener para aprobar ese apartado de la ley. Frente a ese panorama, la decisión fue retirar el capítulo vinculado con la extranjerización de tierras, evitando una derrota en el recinto.
El desenlace dejó en evidencia el peso político que tuvieron los gobernadores durante la negociación y el papel que desempeñó Rolando Figueroa desde el inicio del debate. Su pronunciamiento fue el primero entre los mandatarios provinciales y anticipó una posición que luego se extendió a otras provincias. Finalmente, la combinación entre la resistencia de los gobernadores, el cambio en el clima político y la falta de consensos en el Senado terminó por dejar fuera del proyecto uno de los capítulos que había generado mayor controversia.
