Después del desdoblamiento de los salarios municipales y del auxilio de $800 millones que debió aportar la Provincia para completar los haberes de octubre, el municipio de Roca busca ahora conseguir recursos mediante el remate de casi 80 terrenos y una moratoria de tasas y multas. Las medidas impulsadas por la gestión de María Emilia Soria llegan en medio de una crisis financiera que ya dejó al descubierto las dificultades de la administración para afrontar sus compromisos y abrió interrogantes sobre cómo llegará a fin de año.
La situación tiene una historia que comenzó bastante antes del conflicto salarial de noviembre. Las cuentas municipales ya mostraban un desequilibrio importante: el ejercicio 2025 cerró con un déficit de $5.412 millones, resultado de ingresos por $53.720 millones frente a gastos que alcanzaron los $59.132 millones. Un rojo que ahora encuentra nuevas expresiones en las decisiones que debe tomar el Ejecutivo.
La decisión de salir a vender casi 80 terrenos no aparece en cualquier momento. Llega después de que el Ejecutivo tuviera que recurrir a una herramienta extraordinaria para cumplir con una obligación básica: pagar los salarios de sus trabajadores. La subasta permitirá transformar inmuebles municipales en dinero, mientras que la moratoria buscará recuperar parte de las deudas que los contribuyentes mantienen con la comuna.
El mecanismo no es nuevo. Roca ya realizó subastas durante 2025 y 2026, pero los resultados más recientes dejaron una señal que merece atención. En septiembre pasado ofreció 20 terrenos y solamente consiguió vender ocho, por una recaudación de $120.268.000. El contraste con agosto de 2025 es importante: en aquella oportunidad había vendido 51 de los 58 lotes ofrecidos y recaudado más de $1.402 millones. Por eso, la posibilidad de rematar otros 80 terrenos no significa necesariamente que el municipio vaya a conseguir de inmediato los recursos que necesita.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de subdividir o unificar parcelas y comercializar terrenos que todavía no cuentan con servicios. La operación se realizaría mediante el Colegio de Martilleros de General Roca, siguiendo el mecanismo utilizado en anteriores oportunidades. Se trata de una nueva apuesta por los bienes municipales para generar ingresos, aunque todavía resta conocer cuánto espera recaudar el Ejecutivo y cuál será el destino concreto de esos fondos.
Por otro lado, la moratoria tendrá una finalidad diferente, pero responde a la misma necesidad de reforzar las cuentas. El proyecto contempla deudas por tasas de servicios, seguridad e higiene y multas, con una condonación del 100% de los intereses para quienes cancelen sus obligaciones al contado. El beneficio alcanzará a las deudas registradas hasta el 31 de octubre que no estén judicializadas y tendrá vigencia hasta el 22 de diciembre. La administración busca así que una parte de los contribuyentes que arrastran obligaciones pendientes se acerque a regularizar su situación.
Un préstamo millonario que todavía no aparece
Sin embargo, el problema financiero de Roca tiene otros componentes. Uno de ellos es el crédito de $6.000 millones del Banco Patagonia, cuya demora en concretarse fue señalada como uno de los factores que complicaron las previsiones económicas del municipio. Esos fondos estaban destinados a financiar obras públicas y todavía no estaban disponibles para la administración.
A esto se suma el adelanto de $800 millones de coparticipación que autorizó Weretilneck para completar los salarios de octubre. No fue un subsidio ni un ingreso extraordinario que el municipio pueda considerar propio: se trata de recursos adelantados que deberá devolver en dos cuotas, comprometiendo parte de sus ingresos futuros. El auxilio provincial permitió resolver el conflicto salarial inmediato, pero no eliminó las dificultades de caja.
La crisis también tuvo consecuencias dentro del gabinete. María Emilia Soria le pidió la renuncia a Pablo Rolo, quien estaba al frente de Hacienda desde diciembre de 2019. Su salida se produjo después del desdoblamiento salarial y de las gestiones para conseguir el adelanto provincial. El desplazamiento del funcionario agregó un costo político a una situación que ya había puesto bajo cuestionamiento la administración económica del municipio.
Ahora, con el aguinaldo de diciembre en el horizonte y los próximos salarios por delante, la intendenta necesita demostrar que las cuentas pueden recuperar previsibilidad. La venta de terrenos y la moratoria pueden aportar oxígeno, pero no alcanzan por sí solas para explicar cómo se corregirá el desequilibrio que dejó el déficit de 2025 y que terminó trasladándose a las obligaciones cotidianas de la Municipalidad.
Por ahora, la pregunta ya no pasa solamente por cómo se pagaron los salarios de octubre. El interrogante es cómo hará el municipio para afrontar los compromisos que vienen sin volver a depender de un adelanto provincial o de medidas extraordinarias de recaudación.