La megacausa Techo Digno se resiste a quedar archivada en el pasado. Cada resolución judicial vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la política rionegrina: qué pasó con los fondos que llegaron para construir viviendas y por qué tantos expedientes siguen dando vueltas en los tribunales. El gobernador Alberto Weretilneck salió a reclamar menos acusaciones cruzadas y más explicaciones sobre el destino del dinero. Pero mientras el oficialismo intenta llevar la discusión al terreno de la rendición de cuentas, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene abiertos distintos frentes que involucran a exintendentes de diferentes espacios políticos como Gustavo Gennuso y María Eugenia martini en Bariloche y Anibal Tortoriello en Cipolletti.
Uno de los casos que volvió a encender la discusión es el de Gustavo Gennuso, el exintendente de Bariloche que terminó enfrentado políticamente con Weretilneck después de haber compartido el espacio de Juntos Somos Río Negro. El ahora funcionario de la Comisión nacional de Energía Atómica, fue absuelto por peculado, pero esa decisión no cerró definitivamente la discusión judicial. El STJ dispuso que otro tribunal revise si los hechos pueden encuadrarse como malversación de caudales públicos. La diferencia no es menor: la controversia pasa por determinar si el movimiento de fondos entre cuentas municipales puede constituir un delito, aun cuando el dinero no haya salido de la órbita estatal.
Sin embargo, el expediente de Gennuso no es el único que mantiene en vilo a dirigentes con pasado municipal. El 12 de noviembre está prevista la audiencia en la que el STJ analizará la impugnación contra la absolución de María Eugenia Martini, la exintendenta peronista de Bariloche. En su caso, la acusación estuvo vinculada con cuatro licitaciones que comprendían 871 viviendas y con diferencias entre los avances de obra certificados y los trabajos efectivamente ejecutados. La exjefa comunal fue absuelta y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación, pero la Fiscalía insistió con su planteo y consiguió que el máximo tribunal provincial convoque a revisar el fallo.
La discusión tiene un punto sensible: durante el juicio se expusieron dificultades para reconstruir con precisión el avance de las obras, diferencias en las mediciones y cuestionamientos sobre la documentación técnica. Los tribunales que intervinieron antes consideraron que las irregularidades señaladas no alcanzaban para acreditar los delitos imputados con el grado de certeza necesario para una condena. Ahora, la revisión deberá determinar si existen fundamentos para modificar ese escenario. La convocatoria del STJ no significa que Martini haya sido condenada ni que su absolución esté revocada. Pero sí mantiene abierto un expediente que parecía haber encontrado una salida judicial.
Mientras tanto, en Cipolletti, el nombre de Aníbal Tortoriello también sigue ligado a la megacausa. El actual diputado nacional y exintendente debe atravesar nuevas instancias procesales junto con Abel Baratti. En ese expediente, el STJ dispuso el apartamiento de dos jueces del Tribunal de Impugnación y obligó a reorganizar la integración del tribunal que deberá resolver los planteos pendientes. Las audiencias de control de acusación están previstas entre el 17 de noviembre y el 11 de diciembre. Por ahora, se trata de una etapa procesal y no de una condena, pero el caso conserva una dimensión política inevitable por el lugar que ocupa Tortoriello en la escena provincial.
A esa lista se suman otros dos legisladores: el oficialista Gustavo San Román, exintendente de Río Colorado, y el peronista Luis Ivancich, vinculado con el expediente de Godoy. En ambos casos, el Ministerio Público Fiscal impulsa planteos relacionados con la calificación legal de los hechos. La discusión vuelve a mostrar que Techo Digno no tiene un único expediente ni una situación idéntica para todos los acusados. Cada causa tiene sus propias pruebas, decisiones y planteos, aunque todas comparten el telón de fondo de los fondos públicos destinados a viviendas.
¿Qué hicieron con la plata?
En ese contexto, Weretilneck buscó correr el eje de las denuncias sobre una supuesta persecución política y reclamó que quienes administraron los recursos expliquen qué hicieron con la plata. La pregunta tiene peso público, pero también exige respuestas documentales: cuánto recibió cada municipio, cuánto pagó a las empresas, qué obras se terminaron, cuáles quedaron inconclusas y qué respaldos existen para cada desembolso. No alcanza con señalar que faltan viviendas ni con enumerar irregularidades administrativas. Para establecer responsabilidades penales hay que demostrar qué hizo cada funcionario y si su conducta encuadra en un delito.
La megacausa, que atravesó gobiernos, disputas partidarias y distintas instancias judiciales, vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda rionegrina. Las próximas semanas concentrarán audiencias y revisiones que pueden modificar el rumbo de varios expedientes, aunque nadie puede anticipar sus resultados. Entre absoluciones cuestionadas, acusaciones que todavía deben discutirse y dirigentes que hoy ocupan cargos políticos, Techo Digno sigue siendo una cuenta pendiente para la Justicia y para la sociedad: esclarecer qué ocurrió con el dinero destinado a viviendas sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
