Los libros también fueron víctimas de la última dictadura militar argentina. El 30 de agosto de 1980, en un baldío de Sarandí, la Policía bonaerense quemó alrededor de un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina (CEAL), la editorial fundada por Boris Spivacow. La quema de esos ejemplares fue ordenada por el juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna.
La escena parece salida de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury donde los libros son perseguidos y destruidos. Pero ocurrió aquí, en la Argentina, como parte de una política represiva que no se limitó a perseguir, secuestrar, torturar y asesinar personas. También hubo una batalla contra la cultura.
Ese día en Sarandí, la Policía bonaerense al mando del general Ramón Camps quemó esos ejemplares ante la mirada de la profesora Amanda Toubes, directora de la colección La Enciclopedia del mundo joven, y Ricardo Figueira, director de las colecciones de la editorial, quienes fueron testigos obligados de ese cruel momento contra el conocimiento.
El Centro Editor de América Latina (CEAL) fue fundado en 1966 por Spivacow. Tras la “Noche de los bastones largos”, la represión que llevó adelante la dictadura de Onganía en las facultades en 1966, Spivacow renunció a la Editorial Universitaria de Buenos Aires y comenzó con el proyecto del CEAL. Bajo el eslogan “Más libros para más”, el Centro apuntó a la divulgación y formación de un público lector. Así, hasta el último día de funcionamiento en 1995, se publicaron 79 colecciones y cinco mil títulos.
El 7 de diciembre de 1978 los depósitos del CEAL fueron allanados y clausurados bajo la acusación de infringir la ley 20.840 que penaba “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones” y que suprimía “el orden institucional y la paz social de la Nación”. El gobierno consideró que parte del material que tenía el Centro era “cuestionable” y, finalmente, en 1980 el juez dictaminó que debía quemarse.
La dictadura construyó una estructura de censura y control destinada a decidir qué podía leerse, enseñarse y circular. Como investigaron Judith Gociol y Hernán Invernizzi en Un golpe a los libros, la represión cultural fue sistemática: se allanaron editoriales, se retiraron publicaciones, se prohibieron autores y se persiguieron obras de literatura infantil, política, histórica y social.
Entre los libros prohibidos estuvieron Operación masacre, de Rodolfo Walsh; Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano; Dailan Kifki, de María Elena Walsh; Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann; La torre de cubos, de Laura Devetach, y Los vengadores de la Patagonia trágica, de Osvaldo Bayer.
“Ardieron durante tres días, algunos habían estado apilados y se habían humedecido, así que no prendían bien”, afirmó la escritora Graciela Cabal, editora de la CEAL.
Durante la etapa de investigación, Invernizzi y Gociol encontraron documentos del año 1977 en el que se expresa que “ahora que la banda de delincuentes subversivos fue destruida tenemos que terminar la gran batalla que es por la cultura y la educación”. Para ello, los militares construyeron una infraestructura estatal conformada por oficinas, presupuestos, lugares públicos y clandestinos, cómites de estudio, de investigación, de censura con activa participación de académicos, profesores universitarios, antropólogos, sociólogos, abogados, historiadores; además de generales, suboficiales y almirantes.
Tener un libro podía convertirse en una sospecha. Leer podía ser un acto de riesgo.
Hubo quienes escondieron sus bibliotecas en sótanos, enterraron libros o les cambiaron las tapas para evitar que fueran identificados. Otros tuvieron que destruirlos.
La historia de la quema de libros habla, entonces, de algo mucho más profundo que el fuego sobre el papel. Una dictadura que perseguía libros perseguía también la posibilidad de pensar, recordar, discutir y construir otra mirada sobre la realidad.
Por eso, cada 30 de agosto, aquella hoguera vuelve a interpelarnos. Porque los libros pueden quemarse. Las ideas, no.
