EDITORIAL

La pelea en el campo, las decisiones en Puerto Madero

Esa distancia entre quienes toman decisiones y quienes son los destinatarios se torna insoslayable cuando se quiere gobernar con criterio, cuando se vuelve aviesa o cuando se ha perdido el rumbo.
domingo, 22 de mayo de 2016 · 08:39
La puja por zafar de los efectos del ajuste cobra protagonismo y se siente en muchos ámbitos de la vida política y social. Fundamentalmente en este último donde el impacto significa tener o no tener empleo, poder sobrellevar los gastos mínimos de un hogar o adaptarse a cambios en las condiciones de vida. Ha sido muy duro y los estertores de estas decisiones siguen tronando; las nuevas facturas del gas llegaron con sus cifras amedrentadoras corriendo el velo definitivo de los subsidios. Nunca la realidad pareció tan agobiante, pocas respuestas para duras realidades en este sur castigado. 
El desafío político de desmontar un Estado ficticio por otro que refleje los números reales de la economía tiene un costo importante. No importa el costo político cuando se pretende viajar hacia un destino mejor, pero sí importa el costo social que su implementación implica. La realidad de los gobernantes es bien diferente a la realidad cotidiana de quienes los han llevado al gobierno. Esa distancia entre quienes toman decisiones y quienes son los destinatarios se torna insoslayable cuando se quiere gobernar con criterio, cuando se vuelve aviesa o cuando se ha perdido el rumbo. Se acaba el romance entre los electos y los electores y comienzan a olvidarse unos  por qué votaron a los otros.
Desde hace muchos años, quizás décadas se habla del déficits energético, de la necesidad de lograr inversiones en el sector para sostener el desarrollo nacional, esas inversiones no salen de capitales argentinos ni del Estado nacional hay que obtenerlas afuera y en su mayoría son proyectos de largo plazo. En este contexto es muy importante la credibilidad ante los inversores, nuestra historia está plagada de desaciertos en nuestra corta historia, salimos recientemente del último default y comenzamos a enviar al mundo las primeras señales de estar dispuestos a transitar otros caminos, más creíbles para el capitalismo. En esa tarea se encuentra el gobierno nacional.
Seis meses son un periodo de tiempo inexistente para medir la tremenda transformación que se debe llevar a cabo y el corte entre lo que existía y lo nuevo por construir no es neutro, en esa transición vivimos. Desde las barricadas que sostiene el populismo saliente del gobierno se lanzan los estruendosos denuestos que hablan de la insensibilidad del gobierno, desde el gobierno se responde que de uno (siguiendo en el populismo) u de otro modo (adaptándose a la realidad económica) el costo siempre lo paga el mismo pueblo. La idea del macrismo es que solamente tomando una decisión realista y que rápidamente situé a la Argentina en el contexto internacional se logrará la confianza para atraer capitales que generen las soluciones buscadas crecimiento y generación de empleo. Desmontar el estado populista implica tomar decisiones dolorosas y con costo político, hasta aquí se venían atenuando. 
Las provincias tienen con el gobierno nacional un ida y vuelta sincero, realista y en la mayoría de los casos el compromiso de los gobernadores. Todos son conocedores de la realidad económica y de la situación del tesoro nacional, pero también conocen mejor que nadie cual es la situación social de los pueblos que gobiernan. Ese equilibrio tan necesario es el que se impone a la hora de plantear las discusiones, nadie quiere sacar los pies del plato, pero tampoco nadie está dispuesto a inmolarse tras un ajuste eterno y sin destino.
En el campo petrolero las discusiones son fuertes y tienen el trasfondo del mercado internacional y los precios del barril, la coyuntura política de la Argentina y los acuerdos para subsidiar la actividad logrados en 2015. 
La crisis de los precios no es algo que se vaya a resolver rápido y la incidencia Argentina es nula en ese ámbito, es algo que está muy encima de decisiones locales, por lo tanto lo que debate el gobierno es como mantener el subsidio -en contra de todas sus convicciones- y lograr que la actividad se mantenga; mientras que las empresas buscan defender su rentabilidad y el gremio que sus trabajadores conserven sus puestos y condiciones de trabajo. Una realidad compleja como todas, que tiene su solución de acuerdo a la vara con que se mida. Este es el principal desafío que tienen los actores en cuestión, la provincia, la nación, las empresas y el sindicato tienen una misma línea política, todos acompañan al gobierno de Macri, deben ejecutar ahora la música con esta partitura.
La factura de gas de los habitantes de la provincia encendió la alarma esta semana en el sector del turismo y obviamente en los hogares más humildes, el gobierno comprometió a una solución en conjunto con el gobierno nacional. Si lo que se busca es la generación de empleo y el crecimiento, dicha meta está ligada a sostener determinadas actividades económicas  como el turismo por ejemplo, el recorte del subsidio al gas castiga seriamente a la actividad y el gobierno nacional no tiene estudiado como paliar esta situación. 
Muchas veces los postulados teóricos chocan fuerte con la realidad. Veremos que hace la política en esta situación.
M.E.G.


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