La inflación, el IPC y las desigualdades en la provincia

El sueño de la pequeña Dubai que el establishment neuquino alimentaba gustoso, allá por los inicios de la explotación a gran escala del petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta, quedó atascado en el terreno de las intenciones. Es cierto que se multiplicaron las producciones y que creció la generación de divisas. Pero también lo es el hecho de que, a una década de aquel puntapié inicial, abundan las cuestiones no resueltas en las áreas más sensibles del Estado; entre ellas, las de Salud, Seguridad y Educación.

Alguna vez se trató de instalar el concepto de isla. Pero también en eso sobrevino un baño de realidad. Fundamentalmente porque la provincia de Neuquén no escapa a las generales de la ley. Así lo demuestra una serie de dolorosas postales urbanas, que son periódicamente refrendadas por los numeros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin ir más lejos, uno de los últimos estudios se pudo ver que durante el segundo semestre de 2022, el 39,2% de los argentinos vivió en la pobreza y el 8,1% sobrevivió en la indigencia. Las cifras no fueron muy distintas a la de la provincia petrolera que, en el mismo período, tuvo 38,4% de pobreza y 5,4% de indigencia.

La triste realidad de aquellos que ni siquiera consiguen satisfacerse sus propias necesidades, tiene sentido en los malabares de la clase media neuquina, que ve y padece cómo el proceso inflacionario devora en forma sistemática su poder adquisitivo para deteriorar su calidad de vida (también de manera progresiva). Cuestiones como los alquileres, las cuotas de las escuelas, las cocheras, las salidas a cenar, la compra de indumentaria y hasta las visitas al odontólogo requieren, ahora, de “inversiones” difíciles de afrontar para aquellas familias cuyos presupuestos se han devaluado y para las que el sueño de cambiar el auto mutó en utopía. Lamentablemente, las hay a montones.

Aquellos que trabajan en la actividad privada lo saben. En realidad, lo padecen. Pero muy distinta es la situación de los trabajadores de la administración pública provincial, cuyos salarios se actualizan en forma periódica, al ritmo de un sistema que valora los índices de precios al consumidor (IPC) y que los coloca a resguardo de los azotes inflacionarios a costa del relego de un cumulo de areas que padecen la falta de atencion del estado provincial. El problema es que la masa salarial crece junto con del costo de vida -a esta altura desenfrenado- y eso impacta de lleno en los gastos corrientes de un Estado provincial al que desde hace ya varios años se sabe superpoblado.

Ahora, en abril, la provincia registró un salto inflacionario del 8,9% respecto de marzo y acusó una acumulación del 33,9% sólo en los primeros cuatro meses del año. Ese es precisamente el porcentaje en el que ha crecido la masa salarial, que no sólo enciende alarmas en la ecuación ingresos vs gastos sino que, al mismo tiempo, plantea interrogantes acerca de las partidas destinadas a satisfacer las demandas la población. La calidad de los servicios del Estado está, claramente, en tela de juicio.

El crecimiento constante de la masa salarial es producto de los acuerdos que la provincia firmó con los gremios que representan a los trabajadores de su administración pública y que cambiaron el mapa de la clase asalariada neuquina. Tanto es así que hasta hace un par de décadas, tal vez más, el trabajo en el ámbito privado era sinónimo de status o, al menos, de proyección. Hoy lo es de sacrificio y hasta de dificultades para llegar a fin de mes. Los estatales, en cambio, disfrutan de escalas salariales que hacen que los jerárquicos ministeriales superen con holgura a los gerentes de varias de las empresas locales, salvo las petroleras. Aquellos que tienen cargos o puestos de jerarquia en organismos del Estado se ubican, sin dudas, en el peldaño de los privilegiados y el régimen laboral no es precisamente de los más exigentes, salvo casos muy puntuales.

Los estatales neuquinos han logrado una suerte de blindaje salarial, cuya génesis remite más a las concesiones oficiales que al poder real de los sindicatos, cuya voracidad los lleva a ir siempre por más. Sin ir más lejos, en la semana lo ha expresado cierto dirigente que recomendó “conversar” la distribución de la renta para robustecer aún más los salarios que, en modo IPC,  han contribuido y mucho al engorde de las arcas sindicales.

En lo político, este sistema de actualizaciones salarias permanentes por IPC no ha logrado evitar los paros, ni otras medidas de acción directa, que de hecho hubo tanto en los ministerios como en la Justicia y en las Escuelas; ni tampoco en el mejoramiento de la calidad y atencion que estos brindan a los cuidadanos, mientras que en lo electoral los resultados están a la vista.

Se aplicaron las actualizaciones por IPC y sobrevino un efecto boomerang producto de la manta corta, que cubre a un extremo pero no al otro. Se protegieron los salarios estatales, pero en cierto modo se descuidaron las prestaciones de servicios esenciales. La oposición puntualizó en las deficiencias y la población votó mayoritariamente por un cambio a partir del cual se tracen todas y cada una de las estrategias que se necesitan para una correcta distribución de los recursos provinciales.   

El futuro, que será presente a partir del 10 de diciembre, no sólo exige soluciones a las problemáticas de infraestructura, sino también políticas de apoyo al sector privado, para que pueda acompañar el crecimiento que la provincia experimenta y seguirá experimentando en materia de producciones de hidrocarburos y de densidad poblacional.

Los recursos provenientes de la expansión de Vaca Muerta deberán invertirse en acciones destinadas a generar fuentes de empleo genuino, no sólo por fuera del Estado (lo cual sería poco menos que un cambio paradigmático) sino también del petróleo y del gas, para transitar a paso firme y de una vez por todas hacia la mentada diversificación de matriz económica.

La diaria neuquina sabe de pequeñas empresas, comercios y emprendimientos que podrían incrementar sus puestos laborales con mejoras en las condiciones competitividad y con asistencia adecuada del Estado. Los créditos blandos, las tasas subsidiadas, las becas y las capacitaciones para el empleo joven son herramientas que pueden garantizar beneficios prácticamente inmediatos.

Claro que ello requerirá de ministerios ágiles y, por sobre todas las cosas, decididos a atacar las problemáticas reales con objetivos claros y acciones concretas. De eso se trata el cambio sobre el que hablaron las urnas el 16 de abril. De eso y del respaldo a los operadores del sector turístico, la radicación de nuevas industrias, el achicamiento en serio de la brecha digital, la previsibilidad y la necesidad imperiosa de que el Estado sea benefactor para la sociedad en su conjunto. Es decir que cuando se conversen los salarios también se discuta el nivel de eficiencia de los ministerios y de las empresas estatales.

En lo que hace a la producción de hidrocarburos el panorama es auspicioso. Y en lo que hace a las decisiones políticas, deberá serlo para que no se dilapiden los fondos extras provenientes de las regalías. Las negociaciones salariales no deberían nublar la mirada del conjunto.

Se dice que, gracias a Vaca Muerta, el petróleo que irá rumbo a Chile a través del Oleoducto Trasandino (Otasa) desde Puesto Hernández hasta el puerto de Concepción, dejará unos 70 millones de dólares al mes de ganancias. Y se sabe que en los dos primeros meses de este año la provincia generó 411 millones de dólares por la exportación de hidrocarburos. El desafío es lograr que la provincia rica comience a reducir el porcentaje de habitantes pobres sin mas subsidios y de suma de empleo publico. Se sabe que es complejo en función de la incidencia directa de la crisis nacional, pero también se entiende que no es imposible: entre otras cosas, porque recursos hay. El tema es cómo distribuirlos y no seguir haciendo a un Estado cada día más grande e ineficiente a la vez. El tema es entender que Neuquén somos todos los Neuquinos y no solo los empleados estatales.

Paz social no significa decir si a todo a los gremios estatales, paz social significa un reparto equitativo de los recursos teniendo en cuenta a todos los sectores, incluso, con mas enfasis, a los generadores de empleo, puntualmente inversores, pymes y profesionales privado.