Una vez más, los hechos relevantes de la semana ponen en agenda el comportamiento del Poder Judicial de Neuquén. Lo que transmito en este espacio es una opinión que elaboro en base al sentir de la audiencia, a la percepción directa del sentir de la gente común, que no sabe y no tiene interés en saber cuestiones sofisticadas de las leyes, solamente mira la realidad desde el sentido común y los sentimientos.
Este espacio no es una tribuna de crítica personal a nadie. Jamás ha sido mi intención criticar a una persona como tal, ni siquiera por su desempeño en general, sino solo y puntualmente por decisiones y actitudes concretas, que nos han llamado la atención, que nos parece que van contra la necesidad de la gente sana y de bien, que está hace años a la espera de ejemplos, de modelos, de “JUSTICIA”, con mayúscula.
Una vez más, entonces, aquí hablamos del rol que ejercen algunas personas en el Poder Judicial. No hablamos ni criticamos a las personas, sino a determinadas acciones que deciden en ejercicio de la función que cumplen. Porque, como ciudadanos, miramos a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, como aquellas personas designadas y que han aceptado el desafío de poder cambiar algo desde los lugares que ocupan.
Y, reitero, nuestra opinión no es una crítica técnica desde lo legal, sino una reflexión que refleja el sentir y la visión de muchas personas, que como audiencia se reúnen en este momento en este espacio, o nos leen en los portales.
Una Justicia de “garantías” que no garantiza nada ni protege a nadie, no parece tener razón de ser en nuestra comunidad. Nos obliga a interrogarnos sobre su justificación. Desde hace varios años se nos explica que la ley procesal penal vigente sería muy buena porque ha diferenciado el rol de investigar y acusar en el Fiscal Penal, por un lado; y, por otro, el rol de proteger la legalidad y juzgar en el Juez de Garantías.
Se nos ha dicho que debemos confiar en el Juez de Garantías, porque está en sus manos la verificación de la legalidad del proceso, del debido respeto a las garantías constitucionales, el control de todo en protección de la comunidad. Se nos ha dicho que ese Juez de Garantías es nuestra protección para que Fiscal y Defensor cumplan su función, víctima e imputado tengan sus derechos bien custodiados ¿Pero, qué pasa cuando eso no se registra o no se percibe?¿Qué pasa y qué se provoca cuando la sensación de justicia “vacía” desmorona sueños, esperanzas y derechos?.
Pido a todos quienes tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas en el Poder Judicial, que se intenten mirar en el espejo de la gente que necesita protección real, actual, impostergable. No debe existir anhelo más importante que tener una vivienda, para uno, para su familia, para el presente y para el futuro. Con los matices o variantes que quieran según las generaciones, el sueño de la vivienda propia, el techo propio, ocupa el primer lugar en preocupación y en aspiración.
Las enormes dificultades para acceder a la vivienda, han generado el surgimiento de las cooperativas para el desarrollo urbano, como agrupaciones de personas unidas por el objetivo común que ponen sus ahorros y el resultado de su esfuerzo diario en ese sueño, para adquirir un lote, dividirlo, dotarlo de servicios, y permitir que de a poco cada socio tenga su fracción y pueda empezar a edificar algo que llamará y amará como “su casa”.
La vivienda propia como sueño, y la cooperativa como vehículo para ese objetivo, son indiscutibles en sí mismo dignos de protección y apoyo. Pero, como todo en la vida, lamentablemente a veces vemos desvíos, manejos que no son claros, proyectos que no se cumplen en plazos o en objetivos, destino de fondos que no se explican demasiado bien. Y, en el fondo, está nada menos que el sueño de la vivienda propia, donde se pone el esfuerzo familiar, lo que no se usa para otras necesidades básicas se lo destina al ahorro para la vivienda.
Difícilmente encontremos situación humana más desestabilizante que pensar que el sueño de la casa propia, intermediado por una cooperativa, se ha teñido de sospecha, que el plazo no será cumplido, que el importe informado de los aportes no será respetado, que los lotes no se materializarán, y que difícilmente pueda alguna vez poner un ladrillo en algún terreno propio.
Tal vez quien no ha tenido la carencia de vivienda, y nunca tuvo tampoco que abrazar con desesperación la invitación de una cooperativa para acceder en cuotas a un proyecto de loteo social, pueda dimensionar este sentimiento, en lo positivo y en lo negativo. Y sobre esto es nuestra reflexión central hoy.
Hace algunas semanas se instaló mediáticamente que habría irregularidades o riesgo general de incumplimientos en una conocida cooperativa de vivienda de la ciudad. vinculada a las 127 hectáreas, asociada a la figura del Sr. Jorge Salas, hasta hace poco funcionario en el IPVU. Progresivamente se empezaron a escuchar voces de inquietud sobre ubicación de determinadas tierras, sobre factibilidad de servicios, sobre destino de fondos aportados por los cooperativistas, sobre convenios con entidades públicas.
Hemos escuchado sobre demandas civiles iniciadas por decenas de socios de la cooperativa, que han acudido al asesoramiento para resguardar sus fondos y sus derechos. El miedo suele generar estampidas, y la ruptura de la solidaridad que sostiene una cooperativa pone a esas instituciones en situaciones complejas, que obligan a poner la mirada atenta para que no se afecte irreversiblemente la confianza de los socios. Y las sospechas derivaron en denuncias penales, se comenzó a hablar de posibles estafas, se hicieron varios allanamientos empezando por la sede de la cooperativa, en domicilios particulares de referentes, se secuestraron elementos varios, libros de la cooperativa, registros, computadoras, teléfonos.
¿Qué piensan, qué sienten los integrantes de la cooperativa que tienen en esa figura tal vez la única esperanza de llegar a un terreno o una futura vivienda propia? Lo que se siente es que todo se desmorona, que todo lo que se soñó se evapora, que esa casa propia que se prometió en silencio a su familia, tal vez no se concrete, que esa dificultad creciente para pagar alquiler, tal vez no solo no se supere, sino que empeore.
Y ¿Qué hace el Poder Judicial cuando en una audiencia se le pide que fije un plazo para que la Fiscalía Penal decida si va a avanzar con una acusación concreta y formal contra alguien, luego de calificar si en realidad estamos o no ante hechos que pueden ser delito y alguna persona puede ser autora?¿Qué hace el Dr. Gustavo Ravizzoli, Juez de Garantías de Neuquén?
Le ha otorgado 4 meses a la Fiscalía Penal para que siga investigando y decida si cree estar ante un hecho delictivo e identifica algún posible autor. Si, cuatro meses. La Fiscalía Penal allanó, secuestró, hizo diligencias internas que nadie conoce, debe llevar más de un mes en este tema instalado a diario en los medios regionales, y ante el pedido del representante de la cooperativa de definir si habrá o no formulación de cargos, el Juez Gustavo Ravizzoli creyó razonable que la Fiscalía le dijera que necesitará por lo menos 4 meses para establecer si hay delito o no, y si hay sospecha de autor o no.
Más de 5 meses ¿Y la gente? ¿Y los socios de la cooperativa? Por ahí se ha escuchado que habría por lo menos 500 personas/familias alcanzadas por la incertidumbre actual. No tengo mucho registro previo que a una investigación preliminar de la Fiscalía Penal se le haya autorizado semejante plazo adicional de investigación, y ojo que entiendo que ni siquiera ha habido formulación de cargos concretos. Estamos en una etapa anterior a que el Fiscal decida formular cargos y comenzar una investigación penal concreta, sobre posible hecho delictivo y contra presunto autor de delito. Nada de eso todavía, todo preliminar. Puede estar previsto en algún artículo de alguna ley procesal, no lo sé, pero no tengo dudas que es un cachetazo inesperado para la gente desesperada que está temiendo por su dinero y su sueño.
No importa en este momento si la cooperativa o si alguien de la cooperativa incurrió en irregularidad o no. Eso se verá a futuro. Lo que importa es que esta decisión inoportuna del Juez de Garantías Gustavo Ravizzoli somete a cientos de socios de la cooperativa al sufrimiento que se agrava cada día que no se tiene certeza de qué pasó y sobre todo qué pasará. Esa deferencia del Juez Ravizzoli hacia la Fiscalía Penal y una querella con alta instalación mediática, impacta fuerte contra la necesidad de aclaración y contención de cientos de familias, que están pasando días de angustia y ansiedad.
Desde la opinión y con la emoción que señalé al inicio, Señor Juez de Garantías Gustavo Ravizzoli, estuvo en sus manos tomar una decisión que mirara a las familias afectadas por la situación, los cuatro meses eternos que Ud. ha autorizado serán una evitable dolencia diaria. Y más nos llama a la reflexión esta decisión -que para los socios de la cooperativa que nos contactan les genera desprotección-, al conocer que el Juez Gustavo Ravizzoli ha participado con muy buenos resultados en un concurso para acceder a un puesto de Defensor de Circunscripción, algo así como un Defensor Jefe.
Siempre nos resulta más fácil identificar o justificar criterios “garantistas” en la Defensa que en el ejercicio de la Magistratura, donde el criterio parece ser el de la “legalidad” en equilibrio, ni corrida al garantismo ni al "punitivismo". Esto es, “ni todos libres ni todos presos”. Si de “Garantías” se trataba, pudo Ud. cumplir su rol de forma integral, pensando en lo que las partes le pedían -en especial Fiscal Penal y querellante- pero sin dar la espalda e invisibilizar a las familias que tendrán por delante 4 meses y tal vez meses más, para recién eventualmente iniciar una causa penal con formulación de cargos y demás… O no, eso profundiza la incertidumbre.
Su decisión, desde la mirada de cualquier ciudadano, empuja a las familias a considerar en riesgo de frustración a su sueño y derecho, y a entrar en una vorágine de abogados y justicia que podría evitarse si el control de la investigación fiscal fuera más severa y humanizada, más pensando en las consecuencias de las acciones.
No importa tanto, en esta ocasión, el Fiscal o el Defensor, importa la gente agrupada en cooperativa por el sueño de la vivienda. Esa forma de decidir, la decisión y su impacto, muestra que no hay que ser tan abstracto y preocupado por conformar opiniones técnicas que luego se enrolan o catalogan como garantistas, como si ser equilibrado no fuera garantía de derechos de otros ciudadanos, igualmente pasibles de protección y respeto a sus sueños y derechos.
Una vez más, una oportunidad desaprovechada para usar la función judicial en beneficio de la gente, saliendo de esa mirada tan girada hacia los papeles y lo abstracto. Una vez más, la gente presencia y queda obligada a tolerar decisiones que no entiende, que no comparte, que no la protegen, que no le garantizan derechos.
Hay que hacerle honor a la función judicial, pero como función social también, jerarquizando que las oportunidades que se tienen pueden construir o desbaratar expectativas y derechos. Una Justicia “de Garantías” que no garantiza nada y no protege a nadie, no debe tener lugar en nuestra comunidad, no nos ayuda, no nos brinda confianza, no pacifica.
Señores del Poder Judicial, por favor miren las consecuencias directas, inmediatas y humanas de sus acciones y decisiones. Señor Juez Penal “de Garantías” -y posible futuro Defensor de Circunscripción- Gustavo Ravizzoli, desde los ojos simples y emocionados de muchas familias afectadas por la actual situación de los asuntos de la cooperativa, el extensísimo plazo de investigación preliminar que Ud. ha autorizado, es un cachetazo a la necesidad de esta gente, un sometimiento innecesario a un plazo eterno para esclarecer sus derechos. Otra oportunidad perdida.