Los ciudadanos uruguayos aprovechan, desde hace semanas, la diferencia cambiaria entre ambos países, en medio de la situación política y económica de Argentina. Cruzan la frontera para realizar compras en este territorio y desde el vecino país buscan limitar los cruces.
Tanto voceros del gobierno uruguayo, como referentes sindicales, aseguran que las ventas en los comercios de Uruguay están en caída libre. En este contexto, el comercio uruguayo reporta una disminución de sus ventas de entre el 30% y el 40%. Asimismo, desde el sector privado se habla de una "pandemia" económica. Es por eso que, entre diferentes medidas, se creó una comisión especial que analiza el problema y posibles soluciones.
Desde la Comisión Especial de Frontera con Argentina, que funciona en el Congreso, presentaron una propuesta basada en una iniciativa privada que fue creada por el abogado de Paysandú, Carlos Cabrera. Lo que se plantea es la creación de un registro que "mitigue" los efectos de esta diferencia cambiaria, como así también la posibilidad de tener un control sobre la cantidad de ciudadanos que cruzan hacia Argentina.
La idea tiene como eje principal la implementación de un sistema informático basado en el cruzamiento de datos que se generan en distintos organismos del Estado, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Aduana y el Ministerio del Interior. La información que surja de estas oficinas permitiría otorgar un “puntaje socioeconómico” a cada persona y se la integraría a un cupo diario.
El impulsor de la propuesta explicó que en un cupo de 1.000 personas por día, 700 lugares estarían reservados “para la población que realmente necesita cruzar” y otros 300 quedarían disponibles para quienes no lo precisan. El coeficiente estaría dado por el sistema y sería anónimo: únicamente se identificaría a la persona con un número para habilitar (o no) el cruce.