La Justicia procesó este lunes al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. En esa línea, señalaron que existen pruebas suficientes que demuestran que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero. Así, el juez federal Casanello le trabó un embargo de $390 millones y aseguró que "se aprovechó la política pública para intereses partidarios".
El procesamiento alcanzó a Eduardo Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
En 168 páginas, la resolución de Casanello dice: “Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa".
Y sumó: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública".
La causa arrancó el 20 de diciembre cuando Belliboni preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno Nacional habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimas. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.