En el marco de su cruzada por desregular la economía y desarticular estructuras corporativas que, según su visión, encarecen la vida de los argentinos, el gobierno de Javier Milei impulsa un polémico proyecto de ley que apunta a modificar de raíz el ejercicio notarial en el país. El plan: permitir que cualquier abogado matriculado pueda ejercer como escribano público sin necesidad de rendir exámenes corporativos, cursar carreras adicionales ni someterse a los cupos cerrados que hoy imponen los colegios de escribanos.
El proyecto, titulado "Libre ejercicio notarial de los abogados", establece en su primer artículo que cualquier persona con título de abogado expedido por una universidad argentina reconocida –o debidamente revalidado conforme a la normativa vigente– podrá actuar como escribano público. La iniciativa elimina así el filtro de las carreras específicas de escribanía y las exigencias institucionales que han convertido a esta función en un espacio reservado para pocos.
En términos prácticos, esto significaría abrir el ejercicio notarial a decenas de miles de abogados que hoy no pueden desempeñar ese rol, reduciendo drásticamente los costos de trámites administrativos que requieren certificación. Según quienes promueven la reforma, se trata de una medida que democratiza el acceso a la función notarial y reduce barreras artificiales impuestas por corporaciones profesionales.
Un modelo más “americano”
Desde sectores libertarios y oficialistas, el argumento se apoya en la comparación con el sistema estadounidense, donde los notarios públicos son figuras ampliamente accesibles: cualquier ciudadano sin antecedentes penales puede realizar un breve curso e inscribirse en un registro oficial para comenzar a certificar documentos. En ese modelo, autenticar una firma cuesta apenas centavos. En Argentina, en cambio, el mismo trámite puede implicar comisiones elevadas, que varían según el colegio profesional y la provincia.
Si bien el proyecto argentino mantiene ciertas exigencias –sólo podrán ejercer como escribanos los abogados matriculados, no cualquier ciudadano–, el espíritu desregulador se mantiene. El artículo 2 del proyecto aclara que los abogados deberán cumplir los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad profesional que los escribanos actuales, garantizando la validez jurídica de los instrumentos que autoricen.
¿Reforma liberadora o ataque a la colegiación?
Como era de esperar, la propuesta promete despertar fuerte resistencia. Desde el sector notarial ya se anticipan cuestionamientos, tanto por la supuesta falta de formación específica de los abogados para ciertas tareas registrales, como por el impacto económico que tendría la apertura del mercado.
Para el oficialismo, sin embargo, se trata de un paso lógico en su cruzada contra los “feudos corporativos” que, según argumentan, impiden la competencia y sostienen artificialmente precios elevados en servicios básicos. "Esto sería tremendo y bajaría mucho los costos de hacer negocios en Argentina", señalaban usuarios en redes sociales, donde el tema ya empezó a generar un intenso debate.
Ahora la incógnita es si el Congreso avanzará con la iniciativa o si, como tantas otras veces, los intereses corporativos lograrán frenarla. ¿Sale el proyecto o lo bloquean?