El puente de La Noria, uno de los accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires, amaneció hoy paralizado. No por un accidente, sino por una protesta que crece a cada minuto: los trabajadores de La Salada —el polo comercial informal más grande del país— cortaron el tránsito exigiendo la reapertura de sus puestos de trabajo, cerrados tras una investigación judicial por lavado de dinero y evasión impositiva.
El detonante fue la reciente detención de Jorge Castillo, el empresario conocido como “El Rey de La Salada”, acusado de liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos. Con él, cayó también la actividad de miles de feriantes, vendedores y familias que durante años tejieron su subsistencia entre pasillos estrechos, percheros rebalsados y precios imposibles de encontrar en otro lado.
Del paseo al piquete
El cierre del complejo comercial arrastró a decenas de miles de trabajadores a un limbo laboral. Desde el lunes pasado, cuando la feria fue clausurada por orden judicial, los intentos por ingresar han sido contenidos por un importante operativo de la Policía Federal, que rodea la zona de Ingeniero Budge con el objetivo de evitar disturbios y garantizar la continuidad del cierre.
Lejos de amedrentarse, los trabajadores decidieron avanzar: esta mañana, cortaron el Puente La Noria, una arteria neurálgica entre el conurbano sur y la capital. Con bombos, banderas, carteles y familias enteras en la calle, reclaman lo que consideran un castigo injusto: “Cada puesto cerrado es una olla vacía”, gritó una mujer, con un nene dormido sobre su hombro y un cartel en la otra mano que decía: “Queremos trabajar”.
Entre el delito y la necesidad
El caso de La Salada es un espejo incómodo para la economía argentina. En un mismo espacio conviven precariedad, informalidad y miles de fuentes de trabajo que el sistema no termina de reconocer. El complejo fue durante años denunciado por venta de productos truchos, piratería, contrabando y explotación laboral. Pero también se convirtió, para muchos, en el único ingreso posible frente a la falta de empleo formal.
“Nos tratan como delincuentes, pero nosotros solo vendemos ropa”, dicen los trabajadores de Urkupiña S.A., una de las empresas que opera en la feria. Algunos llevan 20 o 25 años trabajando ahí. “¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Esperar que nos regalen comida?”, cuestionan.
La caída del “Rey”
La detención de Jorge Castillo funcionó como el dominó que derrumbó todo. En la investigación judicial se lo acusa de encabezar una organización con vínculos oscuros, negocios millonarios sin declarar y un sistema de coimas para garantizar la continuidad de un circuito comercial gigantesco y apenas regulado.
El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, vehículos blindados y hasta helicópteros, desató una tormenta que, más allá de lo judicial, tiene un fuerte impacto social.
¿Y ahora qué?
Mientras los puesteros cortan accesos, el Gobierno aún no da respuestas claras. La seguridad se mantiene firme en los alrededores de La Salada. Pero el conflicto parece lejos de apagarse. La calle arde, la tensión crece y el reclamo, como la mercadería de la feria, no es de marca, pero es real.