El Gobierno nacional avanza con una decisión que promete transformar el mercado automotor argentino: flexibilizará drásticamente el proceso de importación de vehículos para uso particular. La medida, que será oficializada mediante una resolución en los próximos días, apunta a eliminar varios de los requisitos que históricamente entorpecieron la posibilidad de adquirir un auto en el exterior e ingresarlo legalmente al país.
En el centro de la iniciativa está la supresión de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), un certificado obligatorio que hasta ahora debían gestionar tanto empresas importadoras como personas físicas para poder traer un vehículo desde el extranjero. Este documento homologaba el modelo de auto de acuerdo a los estándares técnicos y de seguridad locales, y su obtención implicaba procesos complejos, demoras administrativas y costos elevados.
Con esta nueva normativa, el Gobierno busca reemplazar ese esquema por uno mucho más sencillo: bastará con que el vehículo aprobado en otros mercados avanzados, como Estados Unidos o Europa, cumpla una revisión técnica en el país. Así lo explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien expresó: "Si el auto funciona en Estados Unidos o en Europa, lo lógico es asumir que también puede funcionar acá. Se hará una especie de VTV local y listo".
¿Qué autos se podrán importar?
En principio, la flexibilización alcanzará a vehículos nuevos, aunque el Ejecutivo también evalúa extenderla a autos usados, algo que por ahora está en etapa de análisis. La intención del Gobierno es permitir que los ciudadanos puedan acceder a una oferta más amplia y competitiva de vehículos, incluso si estos cuentan con configuraciones no tradicionales, como el volante a la derecha o características técnicas poco comunes en el parque automotor argentino.
Además, ya se puso en marcha un régimen especial para autorizar el ingreso de vehículos de uso industrial, como camiones destinados a la minería o al sector energético, y también se habilitó la importación de repuestos usados, algo que estaba fuertemente restringido. Según Sturzenegger, estas decisiones podrían generar ahorros de hasta un 40% en los costos operativos de las empresas vinculadas a esas industrias.
Un cambio en sintonía con la política de desregulación
La decisión se inscribe dentro de una estrategia más amplia de desregulación económica y comercial que impulsa el presidente Javier Milei. Desde comienzos de año, la Casa Rosada avanzó con una serie de medidas tendientes a liberalizar el mercado automotor, entre las que se destacan:
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La reducción de impuestos internos que gravaban fuertemente a los autos de gama media y alta.
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La habilitación de un cupo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos con arancel cero, para fomentar la modernización de la flota.
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La convocatoria a fabricantes e importadores para asignar nuevos cupos de ingreso con beneficios fiscales.
Todos estos movimientos reflejan una clara intención oficial de abrir el mercado, mejorar la competitividad y reducir los precios finales que enfrentan los consumidores.
¿Qué requisitos seguirán vigentes?
A pesar de esta simplificación, ciertos requisitos estructurales se mantendrán. Para importar un vehículo, los particulares deberán contar con CUIT o CUIL activo, poseer una clave fiscal nivel 3, y disponer de una cuenta bancaria en dólares o medios de pago internacionales habilitados. También deberán garantizar que el vehículo sea destinado a uso particular y no para reventa inmediata, aunque los detalles específicos de esta normativa serán clarificados una vez que se publique la resolución oficial.
Impacto en el mercado
De concretarse en los términos anunciados, la medida podría generar un incremento significativo en la demanda de autos importados, especialmente entre aquellos consumidores que buscan modelos no disponibles en el país o que desean adquirir unidades a precios más accesibles que los del mercado local.
Sin embargo, distintos sectores del rubro automotor observan con atención las posibles consecuencias para la industria nacional. Algunos actores temen que una mayor apertura afecte la producción local y la cadena de valor asociada, especialmente si no se equilibran incentivos para fabricantes argentinos.
Por el momento, la reacción general es de expectativa. Con esta resolución, el Ejecutivo apunta a consolidar un modelo de mayor apertura, libertad de elección y reducción de trabas burocráticas para los consumidores