Mónica Arambuena fue asesinada el 22 de febrero del 2013 por Jaime Orellana en el barrio Belén de la capital neuquina. La mujer había denunciado en varias ocasiones a Orellana por violencia de género y terminó siendo asesinada delante de sus hijos. El femicida fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple.
Sin embargo, en el 2019, Jaime Orellana elevó un pedido para quedarse con la casa en donde vivía y mató a Mónica. La jueza Ana Mendos había rechazado el pedido en 2021, aunque Juan Medori y Fernando Ghisini, integrantes de la Cámara Civil, dieron lugar a la solicitud de Orellana y afirmaron que "podía volver a ocupar la vivienda cuando se le agote la pena".
El caso trepó hasta las oficinas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que integran Gustavo Mazieres y Germán Busamia, quienes manifiestan una serie de críticas contra la resolución a favor del femicida y solicitan que se aplique la perspectiva de género.
En AM550 y CN24/7 dialogamos con el abogado Marcelo Velasco, quien dio más precisiones sobre el tema. "El pedido del TSJ es claro: no se le puede devolver una casa a un asesino y menos volver a un lugar en donde ocurrió un femicidio. Básicamente dicen que no pueden hacer oídos sordos y dejar pasar este despropósito. Van a aplicar todas las leyes posibles para que no se siga consumando un hecho de injusticia", explicó.
Los cuatro hijos de Mónica fueron testigos de cómo mataron a su madre y todas las consecuencias con las que tuvieron que lidiar luego del tremendo hecho. Los vocales resolvieron que la vivienda (del IPVU) debe ser entregada a los hijos de la mujer y en caso de que la rechacen por ser el lugar en donde vivieron un calvario, el IPVU tendrá que darles otra de similares características.
A su vez, la subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén deberá informar mensualmente si Jaime Orellana asiste a tratamientos psicológicos, ya que en poco tiempo accederá a la libertad.