El hecho de corrupción más resonante en los últimos años en Río Negro ya tiene imputados. La Justicia formuló cargos contra tres funcionarios de la administración de la ex gobernadora Arabela Carreras, a quienes acusó por abuso de autoridad en relación a la compra del avión sanitarios Cessna Citation V Ultra en 2022, por un exorbitante monto de 4,2 millones de dólares, un 54% más caro que el precio de mercado.
Los acusados son José María Apud, Secretario General de la gobernación; Gonzalo Regueira, Secretario de Administración; y José María Scheverin, Director de Aeronáutica. Según la Fiscalía, estos funcionarios omitieron seguir las normativas vigentes, lo que generó sobreprecios y una preocupante falta de transparencia en el proceso de adquisición.
Entre las irregularidades más destacadas, se señala la falta de rigor técnico en la evaluación de costos. Scheverin, en su rol, presentó un informe sin fundamentación y respaldo documental, inflando el valor de varios ítems esenciales, desde el costo del avión hasta la instalación de internet satelital y equipamiento médico. La falta de control fue clave para el sobreprecio, que afectó severamente el presupuesto provincial.
En tanto que Apud y Regueira son acusados de haber promovido una licitación cuyo costo estaba significativamente por encima del valor de mercado, sin realizar una evaluación adecuada de las ofertas ni justificar debidamente los gastos. Además, se investiga el incumplimiento de diversas normativas provinciales que garantizan eficiencia, economía y transparencia en las contrataciones públicas.
La Fiscalía presentó un sólido cúmulo de pruebas, que incluyó el expediente administrativo de la compra con una serie de irregularidades en la tramitación y evaluación de ofertas. También se incorporó informes del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que corroboran las irregularidades denunciadas, así como un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata, que confirma la sobreestimación del valor de la aeronave.
El juez Adrián Dvorzak tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para avanzar en la investigación y llegar a juicio, durante el cual se buscarán nuevas pruebas y se escucharán testimonios. A pesar de que los imputados se encuentran en libertad, enfrentan graves acusaciones que podrían resultar en condenas de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Falta de control en la compra del avión sanitario
El fiscal jefe Juan Pedro Peralta destacó lo inusual de que el proceso de compra se haya realizado durante un receso administrativo, donde numerosas entidades estatales intervinieron en el trámite. La rapidez con la que se adjudicó el avión, apenas 20 días después de que fracasara la primera licitación, despierta sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Desde el Ministerio Público dejó claro que la investigación se basará en una evaluación rigurosa de las pruebas presentadas. La defensa de los imputados solicitó la ampliación de varios informes y negó las acusaciones, pero el panorama se torna complicado ante las evidencias acumuladas.
Mientras tanto, el actual gobernador Alberto Weretilneck mantiene el proceso de venta de la costosa aeronave, intentando deshacerse de un activo que se convirtió en un símbolo de la mala gestión pública en la provincia. Mientras continúa el vigencia el contrato con una empresa aeronáutica para realizar los vuelos sanitarios que solicita Salud Pública y la obra social provincial IPROSS.
Extrañamente, la Justicia apuntó contra los tres denunciados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que dirigió el actual ministro de Gobierno, Fabian Gatti. En la investigación se dejó fuera de cualquier acusación a la ex gobernadora Arabela Carreras, la que siempre justificó la compra del viejo Cessna del año 1994 e instruyó a sus funcionarios para que avancen en los trámites burocráticos para hacerlo.