El Tribunal de Impugnación de Neuquén revirtió una resolución que había anulado un veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular en una causa por abuso sexual seguido de muerte ocurrida en Plaza Huincul. La decisión judicial representa un cambio importante en el expediente y permite retomar el proceso para avanzar hacia la definición de la pena.
La resolución favoreció el planteo realizado por el fiscal jefe Gastón Liotard, quien había cuestionado la decisión adoptada por la jueza de garantías Laura Barbé. Los magistrados del Tribunal de Impugnación resolvieron dejar sin efecto ese fallo y ordenar que se convoque una nueva audiencia de determinación de pena ante otro juez.
Según el escrito firmado por las juezas Estefanía Sauli y Florencia Martini junto al juez Richard Trincheri, la magistrada que anuló el veredicto excedió las facultades que le correspondían dentro del sistema de juicio por jurados.
Los integrantes del tribunal sostuvieron que la jueza realizó una valoración propia de las pruebas y reemplazó el criterio adoptado por los ciudadanos que participaron del debate. En ese sentido, señalaron que la intervención afectó el funcionamiento previsto para este tipo de procesos judiciales.
El Tribunal cuestionó la intervención de la jueza
En su resolución, los magistrados remarcaron que la jueza técnica no podía sustituir la decisión tomada por el jurado popular mediante una apreciación personal de la evidencia presentada durante el juicio. Además, advirtieron que permitir ese tipo de revisiones podría vaciar de contenido el sistema de juicio por jurados establecido por la Constitución, ya que cualquier decisión popular podría quedar sujeta al criterio individual de un magistrado.
El planteo impulsado por Gastón Liotard había sido expuesto durante una audiencia realizada el 29 de mayo. Allí, el fiscal jefe afirmó que la resolución anulada afectaba el funcionamiento del juicio por jurados y solicitó que se restableciera el veredicto emitido por los ciudadanos.
La causa volverá a la etapa de definición de pena
El caso fue juzgado por un jurado popular que declaró culpable a J.C.F. por mayoría de ocho votos sobre doce. La acusación sostuvo que el hecho ocurrió el 22 de julio de 2024 en Plaza Huincul.
De acuerdo con la teoría presentada durante el juicio, el acusado mantenía una relación de convivencia con la adolescente y formaba parte de su entorno familiar. La fiscalía sostuvo que, tras una discusión vinculada a una transferencia de dinero, abusó sexualmente de la joven y le provocó lesiones.
La investigación determinó que horas después de ese episodio la adolescente se quitó la vida dentro de la vivienda donde residía.
Con la decisión del Tribunal de Impugnación, el veredicto de culpabilidad vuelve a quedar vigente. Ahora la Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia para establecer la pena que corresponderá imponer al condenado.
