Las hermanas María Emilia y Paula González pasaron a buscar a su amiga Verónica Villar y las tres emprendieron un recorrido que terminaría convertido en una de las páginas más trágicas de la historia policial de Río Negro. Era el domingo 9 de noviembre de 1997. Caminaron por una muy distinta calle San Luis, conocida en aquella época como el camino a Ferri. Tenían 24, 17 y 22 años. Nunca regresaron. Este lunes se cumplen 29 años de aquel Triple Crimen de Cipolletti, una historia marcada por la brutalidad de los asesinatos, las irregularidades de la investigación, las sospechas de encubrimiento y una sucesión de preguntas que todavía persisten.
Las horas siguientes a la desaparición estuvieron cargadas de incertidumbre. Las familias comenzaron a preocuparse cuando las jóvenes no regresaron y la búsqueda se extendió durante dos días. El martes 11 de noviembre apareció la peor noticia: los cuerpos fueron encontrados detrás de las instalaciones de Pollolín, en inmediaciones de las vías del ferrocarril, en un sector conocido como Los Olivillos. La caminata había terminado en una escena de horror.
El cuadro era estremecedor. María Emilia y Paula habían recibido disparos en la cabeza, mientras que Verónica presentaba una herida de arma blanca en el cuello. La noticia sacudió a Cipolletti, trascendió rápidamente los límites de Río Negro y provocó una conmoción nacional. Pero el espanto por los asesinatos sería apenas el comienzo de una historia mucho más compleja, con una investigación que terminaría envuelta en sospechas y episodios difíciles de explicar.
Uno de los capítulos más oscuros apareció cuando una supuesta llamada anónima señaló a cuatro trabajadores de hornos de ladrillos como posibles responsables. La pista derivó en un procedimiento policial que terminó con Hilario Sepúlveda herido de bala en el rostro. Lo que inicialmente parecía una línea de investigación comenzó a desmoronarse cuando surgieron testimonios que cuestionaban seriamente la versión oficial del operativo.
Carlos Aravena, otro de los trabajadores, declaró que los policías habían ingresado a los tiros al lugar y que los hombres no habían ofrecido resistencia. Tiempo después, Aravena apareció decapitado en su propiedad. A esa tragedia se sumó un dato que profundizó las sospechas: la investigación determinó que el llamado anónimo que había orientado el procedimiento nunca había existido.
El entonces comisario José Luis Torres quedó señalado por el armado de aquella maniobra. Así, mientras las familias de las víctimas reclamaban respuestas sobre los asesinatos, la propia actuación policial comenzó a quedar bajo sospecha. Las pistas falsas, las versiones contradictorias y la violencia contra personas que podían aportar información convirtieron al caso en una trama mucho más amplia que la búsqueda de los autores materiales.
La historia judicial también tuvo sus idas y vueltas. En julio de 2001, Claudio Kielmasz recibió prisión perpetua y se convirtió en el único condenado por los asesinatos. El estafador Guillermo González Pino también había sido condenado, pero posteriormente resultó absuelto por el Superior Tribunal de Justicia, que consideró insuficientes las pruebas en su contra. La condena al entonces empleado de un corralón, que llegó a la causa como testigo, no consiguió despejar todos los interrogantes que habían acompañado a la investigación desde sus primeros días.
Es más, fue él quien ganó protagonismo durante la investigación. Además de participar activamente en las marchas y protestas frente a la Comisaría 4°, Kielmasz fue quien se contactó con Ulises González, padre de María Emilia y Paula y lo llevó hasta un canal cerca de Los Olivillos donde apareció el cuerpo. Metió la mano debajo de un puente, sacó un arma que se la entregó a González. Después de varios días guardada, fue entregada a la Policía Federal para realizar las pericias.
Esto que sucedió con el arma y otras situaciones poco claras rompieron la relación entre la familia González y Ofelia Mosconi de Villar, la madre de Verónica. Aunque el reclamo por Justicia era compartido, las formas no.
A esa historia se sumó la denominada hipótesis de la banda mixta, una presunta estructura en la que habrían convergido delincuentes vinculados con el robo de vehículos y policías que supuestamente les brindaban protección. En esa trama aparecieron mencionados Sergio "Condorito" Dávila y Héctor "Palito" Montecino, quienes años después se convertirían en figuras centrales del narcotráfico regional. La conexión entre aquellos expedientes y la evolución posterior de las organizaciones criminales es otro de los capítulos inquietantes de esta historia, aunque las menciones en investigaciones diferentes no permiten atribuirles participación en el triple asesinato.
Y mientras el tiempo pasó sin que todas las preguntas encontraran respuesta, uno de los protagonistas judiciales del caso volvió a instalarse en la agenda. Sin que existiera información oficial, Kielmasz fue trasladado desde la cárcel federal de Santa Rosa, La Pampa, a la Colonia Penal U5 de Roca. El movimiento se realizó bajo una importante custodia del Servicio Penitenciario Federal y abrió una nueva etapa en su recorrido penitenciario.
El traslado está relacionado con la progresividad del régimen de detención y con sus pretensiones de avanzar hacia modalidades de menor seguridad. Sin embargo, los informes psicológicos y psiquiátricos desfavorables continúan representando un obstáculo para acceder a las salidas transitorias. En marzo de este año, el juez de Ejecución Penal Fernando Romera había rechazado un hábeas corpus presentado por su defensa. Su alojamiento en Roca no significa que tenga autorizadas salidas ni que exista una decisión judicial que anticipe su libertad.
A 29 años de aquella caminata por el viejo camino a Ferri, los nombres de María Emilia, Paula y Verónica siguen asociados a una de las historias más dolorosas de Cipolletti. Hubo condenas, absoluciones, procedimientos cuestionados y una investigación que dejó demasiadas zonas oscuras.
