En sesión legislativa de hoy se aprobó una declaración que expresa la preocupación y el rechazo a las medidas tomadas desde el gobierno nacional, que signifiquen el cierre de estructuras organizativas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, en particular de los Institutos para la Agricultura Familiar – IPAF-, y de las Agencias de Extensión Rural -AER- de INTA. También repudia los recortes en las partidas presupuestarias y el ajuste en las plantas de personal en el INTA, impactando en la pérdida de las fuentes laborales en dicha institución
El diputado Raúl Podestá, impulsor de una de las iniciativas en defensa del organismo de ciencia y técnica, destacó la necesidad de que “el gobierno nacional cumpla con la ley de autarquía financiera de INTA y su correlación con el presupuesto asignado, a fin de que el mismo pueda cumplir con su rol en el país y en particular en la provincia”.
Puso de relieve que la declaración apunta a alertar al gobierno nacional respecto a la necesidad de seguir contando en la provincia con la asistencia de INTA. “Una presencia permanente con Agencias de Extensión Rural y técnicos con alto compromiso en el territorio, en las localidades de Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes, Centenario y con el IPAF Patagonia con sede en la localidad de Plottier”.
Destacó la importancia de los equipos técnicos de INTA, que junto a los de los municipios y provincia acompañan políticas fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria. Señaló el legislador que “el trabajo del IPAF y de las Agencias de Extensión Rural se materializa en el logro de mejoras de los índices productivos, procesos de agregado de valor colectivos, mejoras en la calidad de vida y acompañamiento para el desarrollo de la vida rural, el territorio y de todas las familias involucradas. Estas estrategias permiten además que las familias de la región se proyecten y persistan produciendo en sus lugares de origen”.
En los fundamentos de la declaración, el diputado Podestá detalló que al actual recorte presupuestario se suma, que desde el año 2015, la planta de personal del INTA se redujo en 850 personas, producto de la no reposición de vacantes producidas por jubilaciones, retiros voluntarios y renuncias, dificultando la prosecución de trabajos de investigación y extensión y llevando a la desarticulación de equipos de trabajo”. Advierte también que “este contexto impulsa al INTA a un estado de parálisis situación que no le es exclusiva, sino que también la sufren organismos como el CONICET, INTI, ARSAT, CONEA, CONAE e INVAP, entre otros, afectando en forma creciente en la capacidad científica tecnológica del país, desinversión que impacta en forma directa en la calidad de vida, la salud y el bienestar del conjunto de la población”.