La inseguridad, como casi todo hace 5 meses en Argentina, también se acomodó a la pandemia. Los delitos siguen e incluso se admite son más violentos y la elección de los ciudadanos de contar con un arma como defensa personal, sigue vigente. Lo que está frenado es el mercado legal, porque no funciona el organismo que autoriza los trámites (ANMaC). “Creo que la fuerza de seguridad no da abasto y la justicia debería ser más dura con las penas. Entonces, los jueces no hacen lo que tienen que hacer, la Policía no se siente protegida y la gente, se siente indefensa”, opinó Jorge Quinteros, de Armería Patagonia Wild.
Hay diferentes posturas en las armerías consultadas sobre la demanda de las armas de aire comprimido, precisamente porque no necesitan ningún permiso: en uno de los comercios aseguraron que tienen mucha salida y en otro, no se recomienda la adquisición por el peligro que implica. “Aunque vaya contra mi negocio, yo no las recomiendo porque hay realmente réplicas muy buenas. Siempre digo que, si la idea es para control de plagas, está bien, pero si es para defensa, no. El delincuente ve que sacás esa arma, cree que estás realmente armado y te mata”, consideró Quinteros.
En cambio, en lo que respecta al gas pimienta, hubo coincidencias en que la salida es permanente. “En este caso, la venta fue estable en pandemia y es muy llevado por las mujeres, porque defiende, pero no daña”, opinó el armero, quien tiene una postura muy clara respecto a por qué el ciudadano se arma y en el uso que le da. “El gran problema de la sociedad es que se confunden las armas legales con las ilegales. Claro que puede haber un accidente, a cualquiera le puede pasar, pero las armas, depende cómo se usan, pueden ser buenas o malas. Claramente, los ilícitos no los protagonizan los legítimos usuarios, pensar eso es ingenuo”, expresó Quinteros.
En este sentido, diferentes fuentes policiales consultadas, plantearon reparos porque sostienen que más allá de los requisitos para adquirir un arma, hay terceros que hacen las gestiones para otras personas. Quinteros planteó que las campañas en el país se hacen al revés: “Los organismos controlan a los que no tienen que controlar, ahora está parado el mercado, pero no tienen idea la cantidad de inspecciones y controles que hacen de nuestro stock; y a quienes tienen que controlar no lo hacen”.
Con muchos años en el rubro, Quinteros sostiene que “la inseguridad existe, la gente se siente indefensa y por eso se arma. No creo que sea una cuestión de leyes, porque los jueces siempre dan a los delincuentes una forma de escape; deberían comprometerse más pero parece que a ellos y a los fiscales no les roban”. Y sobre la política de armarse, planteó su postura: “Fijése que para legalizar un arma piden entre otros requisitos, demostrar un modo lícito de vida. Hay mucha gente en el campo que tiene armas en la casa que se heredan, son crianceros, no tienen un recibo de sueldo, pero no son delincuentes”. “Por qué no buscamos un método para aquellos que quieren responsabilizarse, pero no, en estos términos están atados de pies y manos y se hace todo al revés, no sirve desarmar a los legales”, concluyó.
Por lo pronto, aquel programa nacional que en la gestión de Mauricio Macri impulsaba la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones (Pevaf) está desactivado en Neuquén, más que por un cambio de gestión, porque la realidad superó la logística: ya sobre fines del 2019 no había espacio para recibir las armas y desde marzo, con la pandemia, está literalmente “desarmado”.