Durante la semana próxima, se presentará la acción judicial contra la medida que habilitaría a la cooperativa CALF a cobrarle a sus socios la deuda que contrajo con la Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA), por no pagar el incremento tarifario dispuesto en su momento, a partir del año 2019.
La acción judicial fue confirmada a la radio Mitre Patagonia por el abogado Gastón Rambeaud, este viernes, en el programa Así Estamos, como se informó en nota aparte. Se trata de una Acción Sumarísima en Defensa del Consumidor, iniciativa que está contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor (nacional), a la que está adherida la provincia de Neuquén. El argumento es simple: se plantea que el contrato entre la cooperativa y cada usuario (socio) no contempla que se cobre una deuda de la que los socios son “inocentes”, pues durante todo el plazo en cuestión pagaron lo que CALF les facturó.
La acción sumarísima es distinta a la acción de amparo, que presentó el defensor del Pueblo de Neuquén, Jorge Rey, sin éxito, pues fue rechazada por la Justicia. Entre otras cosas, porque fue presentada cuando la ordenanza sancionada por el Deliberante capitalino, que habilita a CALF a cobrar una suma a cada socio por la deuda, durante 96 meses, no estaba todavía en vigencia. La legislación municipal actual establece que cada ordenanza que es sancionada tiene un período de 10 días antes de entrar en vigencia, con su publicación, que realiza el Ejecutivo, es decir, el intendente Mariano Gaido. El plazo corre desde la elevación del Deliberante al intendente, que, en este caso, no fue inmediata, por lo que recién la semana entrante entraría en vigencia esta polémica ordenanza.
Esta semana próxima, pues, comenzará otro proceso legal que puede ser relevante, pues, según los leguleyos, la acción enmarcada en la defensa del consumidor tiene posibilidad de ser admitida y resuelta por la justicia, por lo que podría influir en los planes dispuestos por el establishment político para la facturación de la cooperativa, que planea incorporar tres ítems a la facturación de la energía: el de la deuda con CAMMESA, el pago del servicio de agua y saneamiento, que hace el EPAS, y el cobro de una suma para presuntamente destinar al traslado del Centro Ambiental, tema este estrictamente vinculado al Ejecutivo municipal.