El alto costo de informar en una Justicia que quiere ser muda

Los poderosos siempre ganan. Al menos desde años así funciona Río Negro, donde la famosa ley del gallinero quedó en evidencia una vez más. El caso del periodista Emiliano Gatti sensibilizó muchísimo a la comunidad. Es que el presentador de noticias del canal de tv estatal quedó expuesto en un allanamiento intempestivo que formó parte de una operación mucho más grande iniciada en el extranjero y que en Argentina tuvo unos 70 procedimientos difusión de imágenes y videos de abuso sexual infantil. 

Aunque desde Buenos Aires, la fiscalía especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña (Ufedyci), a cargo de Daniela Dupuy, brindó información sobre la mega causa Red Federal en Alerta, desde el Ministerio Público de Río Negro sólo se limitaron a difundir como información oficial un escueto comunicado de prensa cargado de generalidades. Pero como sucede casi siempre, algunos medios amigos lograron acceder a un poco más de información que fue manejada exclusivamente por las altas esferas.

El cerco informativo se abrió de repente cuando la fiscal del caso de Roca, en el que se detuvo a Emiliano Gatti, contó como se produjo el allanamiento y la importancia de hacerlo de manera simultánea con los demás procedimientos en distintos puntos del país para no perder el efecto sorpresa. 

Como parte de la nota Belén Calarco le dió forma a lo que muchos no terminaban de entender. Dijo que al equipo de trabajo que ella conduce se le hacía muy difícil poder visualizar los más de 360 videos de niños abusados que fueron subidos por el periodista. Explicó qué tipo de imágenes se subieron. 

El silencio es peligroso y la fiscal lo rompió para entregar a todos los que seguían el caso, herramientas para saber de qué se habla. Entender la perversidad puede servir para estar alertas. Para rechazar. Por eso, las palabras que rompen algunos secretos, no son solo ruidos, son estruendos necesarios.

Si bien ella no lo confirmó, a Mejor Informado le contaron que poco después de dar la nota y que sea reproducida por todos los medios de la provincia y del país, recibió un llamado de sus jefes que le recomendaron con mucho énfasis guardar silencio. No les cayó bien la exposición del caso. Acostumbrados a no hablar con el periodismo, instruyen directa o indirectamente a sus subordinados para que hagan lo mismo que ellos.

Pero no quedó solo en un reto. Desempolvaron una vieja resolución del año 2019 que indica que cuando hay causa de alto impacto y gran magnitud, debe estar a cargo una Fiscal Jefe. La excusa perfecta para correr a Calarco, quien sólo era cuestionada por la defensa de Gatti, aunque no hizo ningún planteo concreto para solicitar su remoción.

Claramente quedó expuesto el malestar de los altos jefes del Ministerio Público por las declaraciones realizadas y la ley del gallinero fue ejecutada: La fiscal especializada en delitos de índole sexual, que estudió las pruebas y llevó adelante el procedimiento sólo podrá tener participación en el caso si su jefa directa le pide colaboración, sino deberá mantenerse al margen.

El caso Gatti sensibilizó a todos y no sólo hubo movimientos a nivel judicial. Es que desde hace un tiempo el periodista de las causas solidarias contaba el apoyo del poder político rionegrino. Su programa Juntos Para Sumar recibió la declaración de interés por parte de la Legislatura, el propio canal estatal bancó las denominadas fiestas de la solidaridad y la fundación que lleva el mismo nombre y que preside el periodista investigado por tráfico de videos de abuso sexual infantil, es financiada por la provincia. 

Eran comunes las fotos de los máximos referentes de Juntos Somos Río Negro como la gobernadora Arabela Carreras o el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, junto con el periodista que se mostraba muy solidario. También los aportes que recibía la fundación. El allanamiento y los detalles de la investigación causaron asombro en las distintas asociaciones de toda la provincia, donde el conductor se presentaba para grabar sus programas.

Obviamente, no hubo ningún pronunciamiento de aquellos que posaron y no dudaron en gestionarle fondos del estado al periodista investigado. Sólo dieron la orden para que el canal provincial emita un comunicado breve en el que se pone a disposición de la Justicia y sacaron la imagen del conductor de la pantalla y de cada una de las promociones en sus distintas plataformas. Aunque manifestaron que lo separaban de sus funciones, lo que para muchos se interpretó como un despido, no fue así.

Este hecho grave y de una gran repercusión, que logró paralizar la campaña, sirve para evidenciar un delito que lamentablemente es frecuente. Que tiene como víctimas a los más débiles, a los que la sociedad debe proteger. Para luchar contra algunas aberraciones, informar, saber y entender es de vital importancia.