Hay muchas formas de jurar un cargo. También hay tantas maneras de demostrar que no se entendió para qué sirve. El convencional constituyente de Bariloche, Adrián Marcelo Grau eligió la segunda.
El jueves, en el Gimnasio Municipal, los quince convencionales que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica de Bariloche prestaron juramento. Cuando llegó el turno del sexto integrante de la lista oficialista, el recinto estalló en gritos y pañuelos con el número que la historia argentina no negocia: 30.000. Grau respondió con un "sí, juro" desafiante, mirando al público. Después, cuando volvió a la fila junto a sus compañeros, levantó el dedo del medio hacia los vecinos que repudiaban sus posiciones negacionistas. Todo quedó registrado en la transmisión oficial. Y en la memoria, como canta León Gieco: "sueño de la vida y de la historia".
Hay quienes lo defienden, atados a esas lealtades partidarias que ¿obligan a justificar lo injustificable?, con el argumento de que fue la reacción de un hombre acorralado por un escrache. Es una lectura cómoda, pero equivocada. Nadie fue a buscarlo a la puerta de su casa. El repudio ocurrió en un acto público, frente a las autoridades, las cámaras y los ciudadanos que tienen todo el derecho de observar, cuestionar y expresar su desacuerdo con quienes dicen representarlos. Se podrá discutir el tono para los muy puristas. Lo que no entra en debate es el derecho de la gente a manifestarse. La democracia no funciona solamente cuando aplauden.
Un representante popular tiene que soportar las críticas, incluso las que le resultan incómodas, injustas o dolorosas. Para eso está la política. Lo que no puede hacer es responder con un insulto obsceno desde el mismo escenario en el que acaba de asumir una responsabilidad pública. Mucho menos cuando está jurando ante la ciudad que pretende representar. El voto popular le otorgó una banca, no un permiso para despreciar a quienes no piensan como él.
Pero la polémica no nació el jueves. Semanas antes de la elección de constituyentes, salieron a la luz publicaciones de Facebook en la cuenta de Grau, compartidas el 22 de marzo, apenas dos días antes de un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. Allí aparecían expresiones de reivindicación de Jorge Rafael Videla, burlas hacia los desaparecidos y hasta el lamento por no haber terminado su "trabajo". La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), esa misma que en Bariloche enfrentó a los trajes blancos característicos del grupo supremacista blanco de los Estados Unidos, Ku Klux Klan que reclamaban en pandemia contra la vacuna rusa, o la que repinta los pauelos blancos en el Centro Cívico, realizó una presentación ante el Ministerio Público Fiscal. Después, la cuenta fue dada de baja y desde el entorno del convencional se habló de un hackeo.
Habrá que esperar lo que determine la Justicia. La autoría de esas publicaciones y sus eventuales consecuencias penales deberán establecerse con pruebas. Pero hay algo que ya no necesita peritajes informáticos: el dedo del medio levantado durante la jura. Ese gesto no apareció en una cuenta de Facebook ni fue atribuido por un tercero. Lo hizo Grau, frente a los vecinos y ante las cámaras. Es una imagen que alcanza para abrir un interrogante sobre la responsabilidad con la que llega a una convención que se propone establecer democráticamente las reglas de convivencia de Bariloche para las próximas décadas.
Videla no fue un militar con ideas incómodas ni un protagonista más de una discusión ideológica. Fue el jefe de una dictadura responsable de un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de niños. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad. La Argentina construyó, con enorme dolor y décadas de lucha, una política de memoria, verdad y justicia que no nació de una consigna partidaria, sino de una tragedia colectiva. Reivindicar a sus responsables o burlarse de sus víctimas no es una opinión más. Hay límites que una sociedad democrática no debe naturalizar.
En este escenario apareció Walter Cortés, el intendente que le tomó juramento y salió a defenderlo con un argumento tan cierto como insuficiente: "A Grau lo votó la gente". Claro que lo votó. Nadie discute el resultado electoral ni la legitimidad de su banca. Lo que se cuestiona es su conducta. El sufragio habilita a ocupar un cargo, pero no convierte en intocable a quien lo ejerce. Si ganar una elección fuera una carta blanca, sobrarían las reglas, los controles y las responsabilidades que acompañan a cualquier función pública.
Cortés fue todavía más lejos. Se preguntó cuántos barilochenses habían visto realmente las publicaciones: dos mil, tres mil, sobre una población de alrededor de 180.000 habitantes. Una curiosa manera de medir la gravedad de un hecho. ¿Desde cuándo la legitimidad de un cuestionamiento depende de la cantidad de personas que lo conocen? ¿Hay agravios que dejan de ser graves porque no se viralizan? El argumento resulta todavía más incómodo cuando se recuerda que Grau cobrará por su tarea una remuneración cercana a los siete millones de pesos mensuales, financiada por los propios vecinos. El dinero público también exige responsabilidad pública.
Lo que se presentó como un ejercicio de consensos para proyectar la ciudad de los próximos veinte años comenzó con un escándalo que obligó a la Convención a crear una comisión investigadora, con diez días para analizar la situación, antes siquiera de discutir el primer artículo. El oficialismo tiene ocho de las quince bancas. Tiene mayoría propia y, por lo tanto, una responsabilidad política que no puede esquivar. No alcanza con repetir que Grau fue elegido. Tampoco sirve esconderse detrás de una formalidad institucional para evitar una definición. La Carta Orgánica se escribe con ideas, pero también se sostiene con valores y conductas.
Ahora la decisión está en manos de los jefes de bloque. Podrán escuchar a Grau, analizar los antecedentes y emitir un dictamen. Tendrán que hacerlo sin prejuicios, pero también sin complicidades. Porque una cosa es respetar el resultado de las urnas y otra muy distinta es utilizarlo como excusa para no hacerse cargo de lo que ocurre.
Grau ya juró. Lo hizo con la mano levantada y el dedo del medio en alto. La Convención todavía tiene que demostrar que está a la altura de la responsabilidad que recibió. Reformar la Carta Orgánica de Bariloche exige entender que la democracia también pertenece a quienes se animan a repudiar a sus representantes. Lo que no podrán es hacer como si no hubiera pasado nada. "Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia"
