El Presidente, que sintió el impacto de una fiesta clandestina violando su propio DNU de cumplimiento obligatorio, decidió que se presentará en los tribunales de Comodoro Py y tratará de negociar un acuerdo para cerrar la causa.
Alberto Fernández será defendido por Gregorio Dalbón, aunque todavía no decidió cuando hará la presentación formal ante el fiscal federal Ramiro González, que tiene a su cargo la investigación penal. Se presume que antes de presentarse, esperarán los resultados de las PASO convocadas por el 12 de septiembre.
Los argumentos hasta ahora conocidos que utilizará el presidente, generaron más críticas que indulgencias, sin embargo parece que serán los elegidos.
Dalbón intentará convencer a la justicia que no hubo delito, porque nadie se contagió durante la fiesta de cumpleaños. Pero, a pesar de sostener que no violaron ninguna norma, Alberto Fernández decidió que se hará cargo de haber sido partícipe de una fiesta indebida. En los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal propondrá un acuerdo al fiscal federal para cerrar la causa. Ese artículo sostiene que “la acción penal se extinguirá "por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. “La reparación” consistiría en pagar una multa o hacer una donación del sueldo presidencial, que le paga el país.
Lo que parece no entender Dalbón y el presidente Fernández, ambos abogados, es que el delito se consuma por la violación de las normas -DNU y artículo 205 del Código Penal-, y no porque no haya habido contagio en las personas.