Una deuda histórica entre provincias acaba de tener un cierre judicial contundente: Río Negro fue condenada a pagarle a Chubut $16.976.742.145, según una sentencia que pone fin a un prolongado conflicto legal por el financiamiento del Gasoducto Cordillerano, obra clave para la Patagonia en los años noventa. El pago deberá realizarse recién el año que viene, porque la Legislatura rionegrina deberá incluirlo en el presupuesto de 2026, de acuerdo a su normativa financiera.
La disputa se remonta a 1991, cuando Chubut, Río Negro y la ex Gas del Estado firmaron un convenio para construir el tramo Pilcaniyeu-Esquel del gasoducto. Por entonces, el radical Horacio Massaccesi gobernaba y saltó a la fama cuando incautó el dinero que el Tesoro del Banco Central guardaba en Roca. Se había acordado que Chubut licitaría y adquiriría las cañerías necesarias, mientras que Río Negro aportaría el 50% del costo.
Sin embargo, el conflicto estalló cuando Massaccesi se negó a pagar su parte. Alegó que no había tenido una participación directa en la compra de los materiales y que el precio de los caños se había incrementado notablemente. A pesar de haber conocido y acompañado todas las etapas del proyecto, se retiró del acuerdo y dejó a Chubut sola frente a las obligaciones financieras. La provincia vecina, para no frenar la obra, gestionó un préstamo con el Banco Río de la Plata SA, incluso poniendo como garantía regalías futuras de YPF.
Chubut demandó a Río Negro y, tras años de litigio y una intensa tarea de su Fiscalía de Estado, logró una sentencia favorable. La primera condena llegó poco después de la salida de la convertibilidad y ordenaba a Río Negro abonar unos 9 millones de dólares. Pero la provincia volvió a apelar y estiró el pleito durante dos décadas más.
Weretilneck deberá pagar
En el tramo final del expediente, la Corte Suprema intervino y encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales la determinación definitiva del monto actualizado, tarea que culminó en noviembre de 2024. El resultado: casi 17 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad corresponden a intereses acumulados por más de 30 años de demora.
No obstante, pese al fallo, la historia judicial no termina ahí. Chubut apeló la modalidad de pago y reclamó que Río Negro ya estaba en condiciones de presupuestar la deuda en 2023. Durante el mandato de Mariano Arcioni, se argumentó que el fallo quedó firme en 2021, y que la Constitución rionegrina no podía ser utilizada como escudo para dilatar el cumplimiento de una sentencia firme. Según su planteo, la interpretación judicial de permitir que la deuda se incorpore recién en el presupuesto 2026 supone un beneficio indebido para la provincia condenada y un perjuicio claro para la acreedora.
El reclamo fue desestimado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que convalidó la aplicación de la ley financiera de Río Negro. El fallo, emitido el martes 22 de abril, fue firmado por los jueces Clara María Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio.
Aunque la sentencia parece definitiva en cuanto al monto, no se descarta que Chubut vuelva a plantear una queja por la modalidad de ejecución, insistiendo en que el cumplimiento de una condena no debería quedar sujeto a voluntades presupuestarias ni a las prioridades del Estado deudor.