Dos leyes se aprobaron en la semana pasada, apuntando a temas de la educación, con especial énfasis en resolver cuestiones que no resuelve por sí mismo el área, gobernada, como se sabe, por el Consejo Provincial de Educación. El uso de celulares, y los casos de agresiones a docentes, formaron parte de la doble aprobación muy mayoritaria en la Legislatura neuquina. Habrá más acerca del mismo rubro en el trabajo de los legisladores, se ha anticipado; y, de esos anticipos, se desprende uno muy importante, porque podría involucrar una nueva enmienda a la Constitución de la Provincia.
La primera enmienda que se introdujo al texto de la Constitución neuquina fue en 1994, cuando gobernaba por primera vez la provincia Jorge Sobisch. Fue clave, porque introdujo el sistema proporcional D'Hont para la conformación de la cámara, que, hasta ese momento, le daba la mayoría natural al partido que ganara las elecciones. Fue un cambio que después nadie discutió, pero que entonces provocó un revuelo considerable. Ahora, tres décadas después, hay sectores políticos, que revistan en el gran cuerpo de la coalición oficialista, que piensan en alentar otra enmienda constitucional, para así poder modificar el sistema que actualmente gobierna la educación neuquina, a través del organismo colegiado afirmado en el Consejo Provincial de Educación (CPE).
La idea es volcar decididamente el control del gobierno educativo al Ejecutivo, es decir, a los representantes elegidos por el voto popular general, con foco natural en el ministerio de Educación. Actualmente, la administración y organización de la enseñanza en Neuquén está en manos del CPE, que es autárquico. Ese gobierno plural, colegiado, está consagrado por la propia Constitución. En su origen, se vio en esta determinación y manda constitucional un gran avance, una democratización importante.
Sin embargo, la actual percepción de no pocos políticos y representantes del pueblo es que es, el CPE, el principal responsable del deterioro educativo, de los malos resultados. Se destaca, en estas opiniones, que su conducción está condicionada fuertemente, en la práctica, por el sindicato docente ATEN. "Hay que devolver al Ejecutivo el comando total de la educación", dicen, entusiasmados, algunos de quienes alentaron decididamente la flamante ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas (y en los recreos), ley que ahora, por 90 días, estará esperando la reglamentación que deberá hacer el ministerio de Educación.
Lo cierto es que no se puede modificar el estatus del Consejo Provincial de Educación sin modificar (enmendar, en este caso) la Constitución de la Provincia. Por lo que, ante la fría evidencia, la cuestión de una probable enmienda, que podría abrirse además a otros retoques, se está instalando, por ahora, tímidamente, y sin que se sepa si calza o no en las estrategias a mediano o largo plazo del núcleo duro de la "neuquinidad", por estas horas muy ocupado y concentrado en los aspectos gruesos de la administración del Estado, la concretización de un gran caudal de obras, y la planificación de la coreografía electoral del año.