El plan "domiciliario" que sacude el sistema
La confirmación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema detonó una movida judicial sin precedentes. Su abogado, Carlos Beraldi, no perdió el tiempo y reveló la estrategia defensiva que busca evitar que la expresidenta pise una celda. El eje central: un pedido formal de prisión domiciliaria, argumentando que CFK ya superó los 70 años, requisito que la ley contempla para este beneficio.
Este pedido, que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 debe resolver en un plazo de cinco días hábiles, pone a la Justicia en el ojo de la tormenta. Beraldi lanzó una advertencia clara: la decisión sobre la domiciliaria será una prueba de fuego para los jueces.
"¿Van a actuar como un tribunal de justicia o se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo?", disparó el abogado de CFK, en lo que fue una insinuación de una posible parcialidad.
Un detalle que genera expectación es el uso de la tobillera electrónica. Aunque es el procedimiento estándar, Beraldi ya anticipó que buscará negociar para que Cristina no la use, proponiendo en su lugar la permanencia de seguridad en las inmediaciones de su domicilio en el barrio Constitución, donde se cumpliría la eventual condena.
Inhabilitación "por vida": la batalla que llega a la CIDH y la dura crítica a la Corte
Más allá de la prisión domiciliaria, el verdadero punto de fricción es la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. Una medida que, según su abogado, tiene un objetivo claro: sacarla de la cancha electoral. Beraldi ya confirmó que agotadas las instancias nacionales, presentarán un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando una resolución que podría permitir una revisión del fallo en Argentina.
Esta movida internacional no es menor. El abogado advirtió que la inconstitucionalidad de este caso podría llevar a que el país reciba una sanción, implicando un costo para Argentina por el accionar de "personas que no cumplen con sus deberes constitucionales".
La crítica de Beraldi a la Corte Suprema fue demoledora. La calificó de "vergonzosa" y denunció irregularidades en la elaboración del fallo, apuntando a la intervención de un secretario cuya participación "no está debidamente regulada" y fue "determinante".
El letrado recordó incluso que el propio juez Lorenzetti había cuestionado previamente la intervención de secretarios sin controles transparentes en causas sensibles, lo que, para Beraldi, demuestra una "descomposición total" del máximo tribunal.
Además, el abogado afirmó que se violó la garantía del "juez natural" y que algunos magistrados actuaron como fiscales, incorporando argumentos no planteados por el Ministerio Público. La base de la condena, basada en 51 obras públicas y un decreto aún vigente, fue también cuestionada por el defensor, quien citó un dictamen del exministro de la Corte, Rodolfo Barra.
¿Esta estrategia de defensa internacional y la denuncia de irregularidades en la Corte podría generar un cambio en la percepción pública del fallo?