La polémica por el retuit del presidente Javier Milei que involucró directamente a un niño autista de 12 años ha escalado a la Justicia federal. En una decisión que marca un antes y un después, el juez federal N°4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, dio un plazo de cinco días al mandatario para que presente su versión de los hechos, tras haber amplificado desde su cuenta oficial de X un mensaje que agraviaba al niño Ian Moche y a un periodista.
El hecho ocurrió el 1 de junio, cuando Milei, desde su cuenta presidencial verificada (con tilde gris), republicó un mensaje de un usuario afín al Gobierno que atacaba al periodista Paulino Rodrigues e incluía una burla explícita hacia Ian, un niño activista diagnosticado con autismo. La publicación provocó una inmediata ola de hostigamientos contra la familia del menor, que decidió iniciar acciones legales.
Lejos de dar marcha atrás, el Presidente volvió a retuitear días después otro mensaje ofensivo, esta vez dirigido a un periodista de El Destape que había consultado al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el tema.
En ese segundo posteo, Milei sumó la frase: “Domada a periodista basura” y la sigla NOLSAP (No odiamos lo suficiente a los periodistas), profundizando la tensión y desestimando cualquier posibilidad de disculpas públicas.
La causa judicial
El juez Recondo firmó el expediente el jueves pasado, luego de que el fiscal federal Oscar Julio Gutiérrez Eguía habilitara la competencia del fuero federal por tratarse de una acción presuntamente cometida por un jefe de Estado contra un menor, utilizando una cuenta oficial.
El magistrado exigió al Ejecutivo un informe circunstanciado, tal como establece la Ley 16.986 sobre acciones de amparo contra actos de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales. Una vez vencido el plazo de cinco días y con la presentación del informe, el juez tendrá 48 horas para decidir si ordena o no la eliminación del posteo.
Un niño activista convertido en blanco
Ian Moche es un niño conocido en todo el país por su activismo por los derechos de personas con autismo. Junto a su madre, Marlene Spesso, ha recorrido instituciones, dado charlas y visibilizado el reclamo por una atención integral del Estado. Lejos de
identificarse con alguna bandera política, Ian incluso expresó en 2023 su deseo de conocer a Javier Milei para contarle sus ideas.
Pero todo cambió tras la publicación del Presidente. En medio del debate por la ley de emergencia en discapacidad, Milei retuiteó un mensaje que lo mostraba en fotos con figuras de la oposición como Sergio Massa y Cristina Kirchner, acusando a la familia de ser “ultrakirchnerista”. A partir de ahí, comenzó una cadena de violencia digital: fotos de la casa familiar, datos privados y mensajes intimidatorios.
“El universo pondrá a cada uno en su lugar”
“Como familia tomamos la decisión de decir basta a los ataques y a la violencia. No podemos permitirlo. El universo va poniendo a cada uno en su lugar”, expresó Marlene Spesso, madre de Ian, en una declaración pública. Aunque el vocero presidencial aseguró que la intención del Presidente no fue atacar al menor, ni se borró el posteo ni se ofrecieron disculpas.
El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que “el retuit no es un acto inocuo”, sino un gesto activo que amplifica y legitima un agravio desde la investidura presidencial. “El Presidente aún está a tiempo de borrar el posteo y pedir disculpas”, señaló.
Un límite institucional
La demanda —que comenzó como medida autosatisfactiva y fue reconvertida en amparo— se sostiene en que el acto ofensivo fue realizado desde una cuenta oficial, lo que vincula directamente la conducta con el ejercicio de funciones públicas. En ese marco, la Justicia deberá decidir si corresponde exigir al Presidente la eliminación del mensaje y posibles disculpas públicas.
Mientras tanto, la familia de Ian espera justicia, en un contexto donde el uso del poder desde las redes sociales comienza a encontrar límites en el marco legal. Porque no se trata de una pelea política: se trata de proteger a un niño. Y de recordarle al Presidente que, por encima del cargo, hay derechos humanos que no pueden ni deben ser vulnerados.