Este sábado 8 de marzo las calles de diferentes puntos del país, y el mundo, se pintan de violeta y verde por el Día de la Mujer. Una vez más, organizaciones feministas y agrupaciones sociales, y políticas, realizan actividades y marchas para alzar la voz en defensa de sus derechos y "en reconocimiento de la diversidad". Mientras tanto, Argentina atraviesa discusiones que dividen a la sociedad y al Congreso de la Nación.
El denominado proyecto "Igualdad ante la ley", impulsado por el Gobierno de Javier Milei, es sin dudas uno de los temas más polémicos que atraviesa el país. El mismo busca derogar normativas vinculadas a la equidad de género, diversidad sexual y políticas de discriminación positiva. El objetivo es eliminar las distinciones legales basadas en el género o la identidad sexual, tales como los cupos laborales para personas trans y discapacitadas, el reconocimiento de los documentos no binarios y el femicidio como un agravante penal.
"Igualdad ante la ley"
Fuentes oficiales explicaron días atrás que el principal punto del proyecto es dejar afuera cualquier tipo de diferenciación en el trato ante la ley. Su enfoque está en la derogación de leyes y políticas públicas que el Gobierno considera favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros. En ese marco, se propone suprimir los cupos laborales establecidos para personas trans y la figura legal del femicidio, que establece penas más severas para los homicidios de mujeres en contextos de violencia de género. En ese contexto, desde el Gobierno informaron que no tocarían leyes como el matrimonio igualitario, ni la ley de aborto.
Dentro de la gran polémica, uno de los puntos que más debate genera es la eliminación de la figura del femicidio, que establece una pena más grave para aquellos hombres que asesinen a una mujer en un contexto de violencia de género. En la Casa Rosada argumentan que no tiene sentido establecer penas diferentes según el sexo de la víctima. No obstante, faltan conocer detalles sobre este punto ya que no se sabe aún si también se considera la eliminación de otras normativas, como la Ley Brisa, que establece reparaciones económicas para los hijos de mujeres asesinadas.
Otro de los puntos que se incluyen en el proyecto y que genera controversia es la eliminación de los documentos no binarios, cuya existencia comenzó durante la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, el Gobierno de Milei afirma que a nivel nacional se han entregado solo 1.200 documentos de este tipo y que la medida busca unificar la documentación de identidad en una única categoría, eliminando la posibilidad de reconocer oficialmente identidades no binarias en los registros del Estado.
Lo cierto es que los mencionados puntos sólo son algunos dentro del proyecto que genera división de opiniones y aún resta conocer más información sobre cada ítem. Mientras tanto, se sobreentiende que la intención del Gobierno de la Nación enfrenta desde ya una fuerte oposición y es probable que no se pueda avanzar rápidamente. Sin embargo, las autoridades aseguran que no abandonarán la iniciativa, independientemente de los obstáculos legislativos. En este sentido, el proyecto es parte de la agenda oficialista para el año 2025.