Un tribunal Revisor confirmó la imposición de cuatro meses de prisión preventiva para Cristian Emmanuel García Lillo, uno de los condenados por el asesinato de Paola Juliana Palma y las heridas a su novio, Santiago Martínez, ocurrido el diciembre de 2021 en el barrio Villa Ceferino de Neuquén capital.
El tribunal, integrado por Juan Pablo Balderrama, Carolina García y Marco Lupica Cristo, avaló el pedido del asistente de la fiscalía, Bruno Miciullo, de confirmar la prisión preventiva para García Lillo dispuesta el viernes pasado por cuatro meses. A los otros dos responsables, Joaquín Vilches Ojeda y Gonzalo Monsalve, ya se les prorrogó la medida y fue ratificada.
Miciullo indicó que los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y el peligro para la integridad de la víctima “siguen vigentes”.
García Lillo fue declarado responsable por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y en carácter de coautor. La querella particular que representó los intereses de la familia de la víctima adhirió al requerimiento de la fiscalía.
Luego de escuchar a las partes, el tribunal revisor, por mayoría, confirmó la decisión, dispuesta por el magistrado el viernes pasado.
Reseña
En la audiencia de modificación de las medidas cautelares realizada el pasado viernes, Miciullo había destacado la solidez de la imputación, que “se transformó en un veredicto de culpabilidad”. Así como también la conducta del imputado, quien “estuvo prófugo durante casi 20 días”. Y que su teléfono nunca fue encontrado, al igual que las armas y “el vehículo, que era de su propiedad, fue recuperado en manos de un tercero en la ciudad de Plottier”, añadió.
El representante de la fiscalía agregó el temor que tienen los testigos al tener que declarar en contra de los imputados e indicó que aún resta la etapa de cesura de pena. En este sentido, adelantó que desde la fiscalía se va a solicitar un apena que se aleje del mínimo legal.
Por último el funcionario de la fiscalía había planteado que no se dieron elementos nuevos que permitan repensar una morigeración de la medida de coerción y que por el contrario los riesgos se han agravado. “El imputado se fugó y ocultó información”, finalizó.
El hecho