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Caso Mandagaray: empiezan a definir las penas para los jefes policiales

En tres jornadas se desarrollará el juicio de cesura, el máximo que le puede corresponder a los instructores del COER son 7 años de prisión efectiva.
Jueves, 29 de junio de 2023 a las 00:30
Caso Mandagaray: empiezan a definir las penas para los jefes policiales Caso Mandagaray: empiezan a definir las penas para los jefes policiales

El caso Mandagaray debería marcar un antes y un después en la Policía de Río Negro. Al menos así lo es para la actual cúpula encabezada por Osvaldo Tellería, que milagrosamente se mantiene en el cargo después de la muerte por agotamiento físico del joven oficial Gabriel Mandagaray, quien se ahogó en el mar durante una capacitación para los aspirantes a ingresar al grupo elite COER, sin ningún tipo de control. Desde hoy y hasta el próximo lunes se debatirá en un juicio de cesura la pena que le correspondrá a los instructores que ya fueron declarados culpables de homicidio culposo.

El pacto de silencio que intentó poner en práctica la cúpula policial encabezada por Tellería no funcionó. Mejor Informado lo advirtió pocas horas después y hasta brindó los nombres de los jefes que apretaron a los demás aspirantes con frases como "lo que sucede en una supervivencia, queda en la supervivencia".

Lo cierto es que los aspirantes no se callaron y Mandagaray no era uno más. El joven de 25 años era hijo de dos altos jefes policiales, Antonio Mandagaray, quien estaba a cargo de la Regional I de Viedma, y su mamá Adriana Fabi, en aquel momento en la Regional de Los Menucos y hace un año ascendida como Comisaria General a cargo de Toxicomanía de toda la provincia.

Gabriel Mandagaray tenía 25 años y era hijo de dos importantes jefes de la fuerza.

La familia se presentó como querellante y logró que durante el juicio se conpruebe que Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo, Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Contreras fueron los responsables del homicidio culposo, además de abuso de autoridad y lesiones leves de otro dos jóvenes, a los que se les ordenó, junto con Mandagaray, ingresar al mar con uniforme y borcegos y con un tronco en los brazos. La voz de mando los obligaba a ir cada vez más adentro hasta no hacer pié. 

No tuvieron en cuenta que Gabriel no sabía nadar y que los aspirantes estaban agotados. Habían caminado más de 40 kilómetros con muy poca alimentación e hidratación. Otro detalle que no tuvieron en cuenta, es que dentro del mar no había ninguna embarcación de apoyo por si pasaba algo. Tampoco había una ambulancia en Bahía Creek, por eso cuando lograron rescatar al oficial, debieron trasladarlo hasta El Cóndor (a 100 kilómetros) en una camioneta particular.

El hecho ocurrió el 15 de abril de 2021 y el 12 de mayo de este año,  fueron declarados culpables los instructores Gattoni, como autor, y Nahuelcheo, Vitali Méndez y Contreras, como coautores. Ahora llegó el momento de definir las penas que le corresponderán. 

Durante la reconstrucción, los aspirantes denunciaron a los instructores por los abusos recibidos.

Los cuatro policías del COER pueden llegar a recibir, como penas máximas, hasta 7 siete años de prisión y de cumplimiento efectivo. El tribunal esta integrado por Marcelo Álvarez, Ignacio Gandolfi y Carlos Reussi. En tanto que la querella estará representada nuevamente por el fiscal Guillermo Ortíz y el abogado de la familia, Damián Torres. En tanto que los defensores son Fernando Ramos y Pablo Iribarren por Gattoni; Manuel Maza y Luciano Perdriel, por Nahuelcheo; Armando Salazar, por Contreras; y Santiago Güenomil y Valentina Baigorria, por Vitali Méndez.

Está previsto que sean tres jornadas, con la presentación de 25 testigos. Luego, el tribunal tendrá hasta cinco días hábiles para definir la pena.

Esta es el primer juicio para resolver las responsabilidades de quienes estaban a cargo de la capacitación del grupo de elite en Bahía Creek. Luego se espera que también sean llevados al banquillo de los acusados a los altos jefes de la cúpula policial que autorizaron el curso sin ningún tipo de control. Los mismos que el actual Jefe de Policía intentó beneficiar con un cambio en su situación de revista para que no tengan descuentos de sueldo, como ocurrió con el director de Capacitación y Perfeccionamiento, Carlos Víctor Grasso, y al jefe de Departamento, Oscar Alberto Szymañsky, quienes están imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público"

 

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