La muerte del joven Gabriel Mandagaray marcó la gestión de Osvaldo Telleria al frente de la cada vez más cuestionada Policía de Río Negro. El 15 de abril se cumplirán dos años de que el oficial se ahogó en el mar en Bahía Creek durante una nefasta capacitación para ingresar al grupo COER, que incluyó vejámenes y torturas. Los instructores van camino a juicio, pero también hay responsabilidad en la cúpula de la fuerza, quienes firmaron y habilitaron la realización del curso, hay dos directores acusados, pero uno de ellos responsabilizó hoy al mismísimo Jefe de Policía y a su segundo, quienes aprobaron su realización.
La audiencia de control de acusación estaba prevista para marzo, pero se adelantó y en el medio, Carlos Grasso, quien era Director General de Capacitación y Perfeccionamiento, rompió el silencio y señaló que fue Tellería y su segundo Orlando Cañuqueo quienes firmaron la autorización para que se realice el curso que en un principio se debía llevar a cabo en El Cóndor.
Aseguró que mientras estuvo en funciones, el curso se debía realizar en sobre la ruta Provincial 1 en cercanías de El Cóndor, pero cuando volvió de su licencia se enteró de que se había cambiado de lugar. Supuestamente porque se iban a utilizar armas largas y era peligroso para los vecinos.
Fue la Jefatura la que analizó la provisión de alimentos e insumos para abastecer a los cursantes y se defendió: "Yo considero que el Decreto 430 a mí no me imponía funciones de control en el lugar específico donde se iba a realizar el curso, para mí era una función más administrativa, como el control de la documentación", se excusó.
Ante la serie de negativas para poder contar con alimentos para los aspirantes a ingresar en el grupo de elite de la Rionegrina, el coordinador del curso, Alejandro Gattoni fue a hablar directamente con Tellería y Cañuqueo: "tengo entendido que hablaron con el subjefe y el jefe de Policía tomó conocimiento, y por la fecha que estaba prevista se debía suspender", pero "el cambio de lugar fue firmado con una resolución del Jefe o Subjefe de la Policía".
Grasso aseguró que "no estaba garantizado el racionamiento, no estaba garantizado nada y después me enteré por los medios periodísticos que el curso se lanzó, con la presencia del Jefe de Policía (Tellería) y del Subjefe (Cañuqueo)" (NdR: los máximos jefes de la fuerza le dieron la bienvenida a los aspirantes el 12 de abril de 2021) y continuó: "Ahora se me atribuye a mí que yo no controlé el cambio de lugar y yo nunca me enteré de ese cambio, me enteré por los medios".
"Esta imputación no me corresponde, porque yo nunca tuve conocimiento del cambio, sino me hubiera objetado porque estaban en un lugar no establecido y sin ningún plan elaborable", intentó justificarse Grasso, quien está acusado junto con Oscar Szymansky (Jefe del Departamento Académico), quienes están acusados de incumplimiento de sus deberes, porque omitieron controlar el curso.
La declaración de Grasso sorprendió a todos los presentes, ya que fue la propia Jefatura la que intentó beneficiarlo para que pueda acceder a la jubilación con la última jerarquía de Comisario Mayor antes de ser puesto en cesantía o exoneración, como publicó en exclusiva Mejor Informado en septiembre del año pasado, incluyo ya incluía la fecha de jubilación para el 12 de mayo de este año.
Además de los dos directores de las áreas de capacitación y académica, están imputados por la muerte del joven oficial de 25 años, el jefe del servicio, Alejandro Gabriel Gattoni, y a los instructores Alfredo Roberto Nahuelcheo, Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Ariel Contreras por homicidio culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.