Caso Mandagaray: La Jefatura benefició a dos de los acusados

El joven oficial Gabriel Mandagaray murió ahogado por agotamiento físico en las frías aguas de Bahía Creek, mientras realizaba un curso para pertenecer al grupo de elite de la Policía de Río Negro. Sucedió el 15 de abril de 2021 y recién casi siete meses después la Justicia sentó a los responsables y los acusó. A los que pusieron la firma y debían aprobarlo, al director de Capacitación y Perfeccionamiento, Carlos Víctor Grasso, y al jefe de Departamento, Oscar Alberto Szymañsky por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En las últimas horas se conoció que una extraña jugada de la Jefatura los benefició para que puedan jubilarse el año que viene y que le computen el último año de salarios.

El caso Mandagaray es una enorme mancha con la que carga la actual cúpula policial encabezada por Osvaldo Tellería, su jefa política, la ministra de Seguridad Betiana Minor. Y aunque la Justicia no evalúa sus responsabilidades, también salpica a la gobernadora Carreras, porque después del grave hecho en la costa rionegrina, mantuvo a los jefes en su cargo y a su amiga funcionaria, sin hacer ningún tipo de cambio.

Si bien en un primer momento intentaron desde la Jefatura blanquear su imagen al dejar fuera de la conducción a al director de Capacitación y Perfeccionamiento, Carlos Víctor Grasso, y al jefe de Departamento, Oscar Alberto Szymañsky, varios meses después queda en claro que sólo se trató de un paso de escena hacia afuera, ya que para adentro ambos aún cuentan con la protección de las máximas autoridades policiales, quienes además debían controlar lo que ellos aprobaban.

A medida que avanzó la investigación, quedó en claro que los jefes del COER, quienes tenían a cargo el curso de supervivencia, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras; Maximiliano Vitali Méndez y el coordinador Alejandro Gattoni, cometieron una gran cantidad de abusos y vejámenes. Pero también, por encima de ellos Grasso y Szymañsky aprobaron esa capacitación y a su vez le pasaron ese curso a Tellería quien también dio el visto bueno y lo firmó.

Hasta ahora, la imputación sólo recayó sobre los policías del COER por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior. Y más arriba, Grasso y Szymañsky por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los instructores se encuentran suspendidos preventivamente hasta tanto se resuelva la causa. En la misma situación deberían estar quienes pusieron la firma para aprobar el curso en Bahía Creek. Sin la autorización de ellos no hubiese existido capacitación y por ende tampoco los abusos por parte de los jefes hacia los aspirantes, y mucho menos la muerte del oficial Mandagaray.

En un documento exclusivo al que accedió Mejor Informado, se puede comprobar que luego de la formulación de cargos, en la que quedaron imputados los jefes de Capacitación y de Departamento, desde la Jefatura se modificó su situación. En la foja de Grasso figura que 10 días después, el 12 de noviembre, pasó de estar en suspensión preventiva a disponibilidad, lo que le permite cobrar casi el 80% del sueldo.

Además, surge otro dato revelador, ya que sin tener en cuenta la llegada de la causa a juicio y las responsabilidades que la Justicia le pudiera atribuir a alguno de los jefes que aprobaron el curso, ya figura en sumario de Grasso que el 12 de mayo del año que viene pasará a retiro obligatorio. Esta fecha no es casual, ya que ANSES toma en cuenta el último año de ingresos para calcular la jubilación, por lo que el Comisario General podrá mantener una muy buena retribución cuando deje de ser policía.

El reglamento policial es claro, los empleados que se encuentran comprendidos en causas de gravedad que puedan terminar en cesantía o exoneración, no pueden beneficiarse con el retiro o jubilación. Esta decisión de cambiarle la situación a los altos jefes comprometidos en el homicidio de Mandagaray no pudo estar ajena del Jefe Tellería o de la ministra Minor.

El oficial Mandagaray tenía 25 años, y un pequeño bebé de 5 meses, soñaba continuar el legado familiar de su papá Antonio, en ese momento Jefe de la Unidad Regional I de Viedma y de su mamá, Adriana Fabi, ascendida a comienzos de este año de Jefa de la Regional de Los Menucos a Jefa de Toxicomanía de toda la provincia.