La realidad ha cambiado y así lo acreditan no sólo la mayor presencia policial en las calles, sino también las acciones preventivas y los resultados fáciles de constatar en la seguidilla de allanamientos y detenciones. Impulsada por una fuerte decisión política, la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa dio una vuelta de página, dejó atrás la etapa de desinversiones y avanza con rumbo claro. Un hecho no es menor: la sensación de impunidad que imperaba en tiempos no tan lejanos, ya no existe en Neuquén.
La decisión de asumir el combate directo al microtráfico de drogas (que hasta hace tres meses era potestad de la Justicia Federal) fue uno de los grandes aciertos en este programa integral, por la simple -aunque penosa- razón de que las drogas atraviesan muchas modalidades delictivas.
De la ausencia de agentes en las calles (de la época del ex gobernador Omar Gutiérrez) se pasó a este presente en el que se suceden las desarticulaciones de bandas delictivas y los golpes al narcomenudeo. Los sueldos de la Policía neuquina superan a los de las fuerzas federales y los programas de jerarquización también. Sin ir más lejos, el proyecto de ley de Policía viene a refrendar esta aseveración.
Desde diciembre de 2023, cuando se produjo el cambio de gobierno, hubo compras de vehículos, como así también de chalecos y armamento, al tiempo que se sumaron proyectos destinados a dotar de mayores y mejores herramientas(legales o materiales) a la fuerza provincial.
El combate al delito para el fortalecimiento de la seguridad es una política de Estado y la Legislatura contribuye a eso. Las pruebas abundan, pero alcanzará con mencionar un par de ellas. Por la Cámara de Diputados pasó, por ejemplo, la compra de las pistolas Taser, que la provincia concretará ni bien se reglamenten las normas y se completen los cursos de capacitación. La inversión va en sintonía con la ley de reiterancia, destinada a lograr que los reincidentes purguen prisión preventiva sin más vueltas.
Los resultados están a la vista y las novedades se suceden unas tras otras. Se supo, por ejemplo, que en lo que va de este año, la Policía recuperó 122 vehículos y que esas acciones derivaron en 145 causas judiciales y 67 allanamientos. También que sumaron y seguirán sumando drones. Y que un grupo de policías con perros entrenados reforzó los controles vehiculares y a empresas de encomiendas, para prevenir el microtráfico de drogas.
Estas acciones son el resultado del plan de austeridad y reordenamiento de los recursos, que el gobierno provincial neuquino puso en marcha ni bien asumió para eliminar gastos innecesarios del Estado y reforzar las partidas presupuestarias de las áreas esenciales. Este conjunto de acciones a las que llaman modelo neuquino, permitió estas inversiones en Seguridad, en simultáneo con el fortalecimiento de las áreas de Vialidad, Salud y Educación. Alcanzará con decir que, el viernes, mientras la policía desarticulaba una banda que vendía drogas en la ciudad de Neuquén, Vialidad avanzaba con la construcción de rutas y el gobernador inauguraba tres edificios escolares en distintas localidades del interior.
En el combate al delito, la Justicia juega un rol fundamental y así lo evidencia el esfuerzo del Ministerio Público Fiscal que conduce el fiscal general José Gerez, quien ha impartido órdenes claras. Tan importantes fueron los resultados que se sucedieron a lo largo de apenas tres meses, que ya se realizó la quema de drogas (en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén) y ya se condenó a los primeros narcos detenidos en este corto plazo. Los cuatro purgarán prisión preventiva.
El plan para poner tras las rejas a los malandras avanza viento en popa, con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero no está exento de turbulencias, ya que el Ministerio Público de la Defensa, que conduce Vanina Merlo (ex ministra de Seguridad de Omar Gutiérrez) se opone a que haya más detenidos en cárceles, para lo cual se abraza al argumento de la supuesta superpoblación carcelaria. Esta doctrina es acompañada por ciertos jueces que, en lugar de preventiva, sancionan con prisión domiciliaria o libertad condicional a los autores de delitos serios.
El propio gobernador llamó a terminar con la llamada puerta giratoria, para evitar que este esfuerzo para garantizar la seguridad de los ciudadanos choque contra los vicios que perduran como resabios de la vieja política. La conclusión es sencilla: mejor combate al delito significa más delincuentes presos y es por eso que la Provincia se encuentra abocada a un plan de ampliación de las estructuras carcelarias.