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Piden a España testimonio clave en causa por abusos del jardín 31

El juez autorizó una prórroga para solicitar asistencia judicial internacional al Reino de España. El objetivo es garantizar la declaración de un testigo por Zoom en la audiencia de impugnación del fallo que condenó al maestro de música.

Miércoles, 23 de julio de 2025 a las 17:46
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El juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar al pedido de la defensa y autorizó una prórroga de 45 días corridos para solicitar la asistencia judicial internacional activa al Reino de España, con el objetivo de garantizar la declaración de un testigo en la audiencia de impugnación de la sentencia en la causa por abuso sexual en el jardín 31.

La causa involucra al maestro de música del jardín de infantes N° 31, quien fue condenado. Actualmente se encuentra en trámite una audiencia de impugnación de la sentencia, en la que la defensa busca presentar nueva prueba testimonial desde el exterior.

La solicitud fue presentada por la defensa del maestro de música condenado, y se realizará a través de la vía diplomática oficial que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, en coordinación con el Departamento de Asistencia Jurídica Internacional.

La defensa solicitó que la citación del testigo se realice conforme a los tratados internacionales vigentes, especialmente el acuerdo bilateral entre Argentina y España (Ley 23.708), que regula los procedimientos de notificación y comparecencia en causas penales.

El testigo se encuentra en territorio español, y se prevé que su declaración se tome por Zoom, como habilita la normativa procesal del país europeo, referida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.

No se interrumpe el proceso judicial

El juez aclaró que esta prórroga no implica una dilación del proceso ni la suspensión de plazos procesales, sino que se trata de una medida formal necesaria para cumplir con los requisitos establecidos por el tratado bilateral. Según la legislación, toda notificación internacional debe realizarse con al menos 45 días de anticipación.

Esta gestión forma parte de las acciones previstas para garantizar el derecho a defensa y la tutela judicial efectiva, principios constitucionales que rigen los procesos penales tanto en Argentina como en España.

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