Quinta jornada: el relato de las víctimas que lo perdieron todo
La quinta jornada del juicio por la estafa con planes sociales fue un puñetazo directo a la conciencia colectiva. Tres testigos —dos hombres que trabajan como albañiles y una mujer que realiza tareas domésticas y venta ambulante— relataron en carne viva cómo fueron captados, manipulados y estafados por una red de punteros que operaba desde el mismo Estado.
Contaron que los “reclutaban” con promesas de dinero fácil: recibirían un plan sin tener que ir a marchas ni hacer trámites. Los pasaban a buscar en una trafic financiada con fondos públicos, los llevaban al Banco Provincia de Neuquén y allí les entregaban tarjetas que nunca llegaban a usar. Los documentos se los daban al puntero, apodado “Pistola”, y luego alguien del grupo retiraba el dinero.
Durante meses, les daban 4 mil pesos, en mano, y luego una entrega final de 10 mil con el pretexto de que “el plan se cayó”. Pero uno de los testigos llegó a ver su saldo: había 52 mil pesos, dinero que nunca llegó a sus manos. Otro intentó reclamar y fue silenciado. El sistema no estaba pensado para ayudarlos, sino para exprimirlos hasta el último billete.
El despojo planificado: miseria como estrategia
Las víctimas tenían algo en común: extrema vulnerabilidad. Sin educación formal, sin acceso a un empleo digno, eran el blanco perfecto para un mecanismo de estafa que apuntó a quienes no tenían con qué defenderse. El sistema estaba diseñado para que no entendieran nada, para que no pudieran hacer preguntas, para que aceptaran lo poco que se les daba como si fuera un favor.
La mujer que declaró rompió en llanto: “Me sentí usada”, dijo, y su voz expuso lo que muchos piensan pero pocos se animan a gritar: se aprovecharon de la pobreza con complicidad del Estado. Les quitaban hasta la dignidad. Ni siquiera podían retirar su propio dinero. Jamás vieron una tarjeta, nunca firmaron un papel con conocimiento real. Fueron herramientas de recaudación política, nada más.
Mientras los punteros se llevaban el grueso del dinero, los más humildes recibían migajas, condicionados por el silencio, la amenaza o la promesa de no quedar excluidos del “sistema”. El clientelismo más cruel, en su versión más perversa.
Jornada 4 del juicio: una red delictiva estructurada y funcional
Un día antes, en la cuarta jornada, el juicio reveló con más detalle la magnitud del aparato montado para robarle al Estado, y por ende, a los que menos tienen. Declararon un perito caligráfico, empleados del BPN y funcionarios actuales y pasados del Ministerio de Desarrollo Social.
El perito confirmó que se falsificaban firmas en los cheques que salían del Ministerio, una maniobra clave para justificar pagos a beneficiarios fantasma. También se expusieron los fallos del sistema informático y la falta de controles, lo que permitió que los desvíos pasaran desapercibidos.
Según la acusación de la Fiscalía, hubo cinco niveles jerárquicos involucrados: desde punteros barriales hasta exministros como Abel Di Luca y jefes de departamento como Ricardo Soiza o Néstor Sánz, algunos de los cuales ya estuvieron con prisión domiciliaria. En total, 14 imputados están siendo juzgados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial.
Mil millones de pesos de los más pobres: el precio de la impunidad
La cifra de la estafa estremece: mil millones de pesos actualizados, desviados de fondos destinados a desocupados, comedores comunitarios y personas en situación límite. Es dinero que debió traducirse en ayuda real, y que terminó en bolsillos de operadores políticos y funcionarios corruptos.
La Fiscalía asegura que la estructura delictiva estaba dentro del mismo Estado, organizada y aceitada para operar sin interrupciones. Hubo testaferros, extractores de dinero, empleados que miraban para otro lado y otros que se beneficiaban directamente. Todos sabían lo que hacían. Nadie fue ingenuo.
La bronca crece jornada a jornada. La sensación es de asco, de hartazgo. Otra vez, la política se sirvió del hambre para llenarse los bolsillos.