Una joven reveló cómo funcionaba el mecanismo
Durante la segunda jornada del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, una beneficiaria reveló detalles de la maniobra que la tuvo como víctima directa. Declaró que una referente barrial le tramitó el acceso a un plan del Ministerio de Desarrollo Social, le retuvo la tarjeta de débito y durante más de un año le entregaba en mano apenas 4 mil pesos por mes, mientras se realizaban extracciones bancarias de hasta 60 mil pesos diarios desde distintos puntos de la ciudad.
El dinero que debía llegar a los sectores más vulnerables terminaba bajo el control de operadores políticos. A cambio, la joven debía participar en actividades de campaña y compartir contenidos en redes sociales. Nunca supo cuánto le depositaban ni cuánto se extraía de su cuenta. El día que el banco bloqueó la tarjeta por movimientos sospechosos, se enteró de la verdad.
Plata del Estado para hacer política
Según el testimonio, la supuesta referente gestionaba planes desde un “merendero” que en realidad no existía. En lugar de realizar tareas sociales, los beneficiarios eran usados para militar: debían asistir a eventos, compartir publicaciones y rendir cuentas enviando capturas de pantalla de sus redes. Si no colaboraban, no cobraban.
Todo esto ocurría mientras las cuentas bancarias a su nombre eran vaciadas sistemáticamente por otros. La beneficiaria, sin acceso a su tarjeta, solo recibía una pequeña parte en efectivo. Cuando el banco detectó las extracciones masivas, la joven fue alertada por un empleado y decidió hacer la denuncia.
El juicio por una estafa de mil millones
La causa investiga a 14 personas acusadas de integrar una estructura organizada para desviar fondos públicos destinados a planes sociales. El perjuicio económico al Estado provincial supera los mil millones de pesos actualizados. Entre los imputados figuran exministros, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, personal de Tesorería y Finanzas, y presuntos testaferros.
De acuerdo a la acusación, la red estaba organizada en al menos cinco niveles jerárquicos, desde la conducción política hasta punteros barriales y beneficiarios fantasma. Parte del dinero era retirado en efectivo por “extractores” que utilizaban tarjetas retenidas y claves bancarias facilitadas bajo presión.
Una estructura enquistada en el poder
El proceso judicial continúa con testigos clave y documentos que exponen el funcionamiento interno de una red que usaba la pobreza como negocio y herramienta de control político. Mientras tanto, muchos de los que realmente necesitaban esa ayuda quedaron afuera, usados, silenciados o engañados.
El caso pone en jaque el relato de inclusión y asistencia que durante años sostuvieron los responsables políticos de estas políticas públicas. Lo que el juicio revela es mucho más que una estafa: es el uso estructural del aparato del Estado para financiar clientelismo con dinero de los contribuyentes.