El juicio que sacude al poder
Este lunes 21 de julio debía comenzar en Neuquén el juicio oral por la megaestafa con planes sociales, una de las causas más sensibles de los últimos años en la provincia. Involucra a 14 imputados, entre exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, empleados administrativos y particulares.
El proceso busca determinar si existió una asociación ilícita que operó entre 2020 y 2022 y que habría defraudado al Estado por más de 1.000 millones de pesos. Según la acusación, se usaron mecanismos como planes sociales truchos, cobros con tarjetas ajenas y cheques endosados de forma ilegal.
Demora inesperada: la salud mental en el banquillo
Uno de los acusados, Fernando Cardozo Regidor, pidió seguir el juicio de manera virtual, argumentando que sufre ataques de pánico, ansiedad y estrés postraumático disociativo. Su defensa presentó un informe firmado por una psiquiatra que sugiere que su presencia física podría agravar su estado.
La fiscalía se opuso: planteó que no hay diagnóstico clínico suficiente para impedir su asistencia presencial. Aun así, el tribunal dio lugar al pedido, habilitando su participación remota por razones de salud.
"Corresponde priorizar el derecho a la salud, no es un simple estrés, sino un cuadro que está certificado no hubo controversia", dijo el Tribunal
Quiénes son los imputados y cómo operaba la red
La acusación detalla cinco niveles dentro de la estructura delictiva:
-
Nivel superior: Abel Di Luca (exministro), Ricardo Soiza (cerebro de la operación), Néstor Sanz, Tomás Siegenthaler y Marcos Osuna.
-
Colaboradores administrativos: Luis Gallo, Laura Reznick, Julieta Oviedo, Julio Arteaga.
-
Reclutadores: operadoras que captaban beneficiarios falsos.
-
Extractores: quienes cobraban con tarjetas o cheques.
-
Beneficiarios truchos: como Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.
Parte de los fondos, según la fiscalía, fueron usados para financiar campañas políticas, vehículos de campaña y hasta un local gastronómico, el bar “El Faraón”, ligado a uno de los acusados.
Un juicio bajo la lupa
La actuación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narváez será clave. Los 14 imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, con penas que podrían alcanzar los 8 años de prisión.
La decisión del tribunal de priorizar el derecho a la salud por sobre la presencialidad marca un precedente que podría replicarse, y pone en duda la celeridad del proceso. Mientras tanto, Neuquén observa con atención un juicio que puede tener impacto político directo.