En una sorpresiva resolución, el juez de garantías Juan Guaita absolvió ex subsecretario de Medioambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli, en el marco del caso de los transformadores con PCB. El exfuncionario, quien había sido acusado de incumplir los deberes de funcionario público, enfrentó un juicio que puso en el centro de la discusión la responsabilidad de la Subsecretaría que dirigía en la supervisión y control de residuos peligrosos.
La fiscalía había argumentado que Lucchelli no investigó ni sancionó adecuadamente a la Cooperativa Eléctrica de Plottier, la cual almacenó de manera inapropiada transformadores con PCB, una sustancia tóxica que representa un serio riesgo para el medioambiente. Según la acusación, la falta de intervención de Lucchelli permitió que los artefactos permanecieran en condiciones insalubres desde 2017 hasta que fueron descubiertos en 2023.
Sin embargo, el fallo del juez señaló que la responsabilidad de aplicar sanciones y llevar a cabo controles ambientales no correspondía a la Subsecretaría, sino a la Secretaría de Estado o al Ministerio correspondiente. De acuerdo con la interpretación legal del juez, no era posible atribuirle responsabilidad penal a Lucchelli por una omisión en la que no tenía competencias. Además, no fue presentada evidencia que demostrara que el exfuncionario hubiera intentado frenar la investigación o interferir con el proceso.
El caso de los transformadores con PCB ha sido uno de los mayores escándalos ambientales en la provincia, dada la peligrosidad de estos residuos y el hallazgo de los artefactos enterrados en un predio de la cooperativa. El juez reconoció que la gestión de Lucchelli mostró deficiencias administrativas, pero concluyó que tales fallos no constituían un delito penal. El juicio deja abierta la posibilidad de sanciones administrativas, pero no se contempló la culpabilidad del exsubsecretario en el manejo de los residuos.
El impacto del caso sobre la sociedad sigue siendo fuerte, especialmente en relación con la falta de control sobre los residuos tóxicos y la responsabilidad de las autoridades en la protección del medioambiente. La sentencia del juez Guaita ha generado debate, dejando en evidencia las complejidades legales y administrativas que rodean el cumplimiento de las leyes ambientales en la provincia.