La Justicia Federal le cerró la puerta a la investigación por la desaparición de Kevin Hernández. A 127 días de la última vez que el joven de 26 años fue visto con vida en Lamarque, el juez federal Hugo Greca rechazó hacerse cargo del expediente al entender que no existen elementos que permitan relacionar el caso con delitos federales vinculados al narcotráfico. La decisión deja la causa nuevamente en un escenario de incertidumbre y abre la posibilidad de un conflicto de competencia que podría terminar siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Duro revés para la querella
La resolución representa un duro revés para la estrategia impulsada por la querella y también para el planteo realizado desde la Justicia provincial, que había solicitado el pase del expediente al fuero federal al considerar que durante la investigación aparecieron indicios que podían justificar esa intervención.
Sin embargo, durante la audiencia realizada en General Roca, el fiscal federal Matías Zanona fue categórico. Sostuvo que la investigación no permitió establecer un vínculo entre la desaparición de Kevin Hernández y una organización dedicada al narcotráfico. Según explicó, no se detectó un contexto de tráfico de estupefacientes, fraccionamiento de droga ni otros elementos que habiliten la competencia de la Justicia Federal.
En la misma línea, el juez Greca respaldó esa postura y recordó que la competencia federal es de carácter excepcional. En sus fundamentos sostuvo que para que un caso de desaparición o un homicidio sea investigado por ese fuero debe existir un nexo directo con un delito federal, algo que, según remarcó, no aparece acreditado en este expediente.
Cómo sigue la investigación
Mientras tanto, la investigación sigue envuelta en un manto de incertidumbre. Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero, pocas horas después de salir de la vivienda donde se encontraba en Lamarque. Desde entonces, la búsqueda movilizó un importante despliegue de recursos con más de 150 entrevistas, 16 allanamientos, rastrillajes con perros especializados, análisis de cámaras de seguridad y pericias sobre vehículos secuestrados. Pese a ese intenso trabajo, el paradero del joven continúa siendo un misterio.
Por su parte, la Justicia provincial había fundamentado el pedido de intervención federal en distintos procedimientos donde fueron hallados estupefacientes, entre ellos una plantación de marihuana descubierta en un islote del río Negro junto con armas de fabricación casera. No obstante, para la Justicia Federal esos hallazgos constituyen hechos aislados y no alcanzan para demostrar que la desaparición de Kevin esté ligada a una estructura de narcocriminalidad.
En paralelo, la querella mantiene una postura completamente distinta. Los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia, los mismos que impulsaron la causa contra los policías por la desaparición de Daniel Solano, insisten en que la causa debe investigarse como una desaparición forzada y sostienen que existió un encubrimiento que impidió avanzar con rapidez sobre distintas pistas.
Ahora el expediente quedó en una instancia decisiva. Si el juez de Garantías de Choele Choel, Roberto Gaviña Sánchez, acepta el criterio del juez Greca, la investigación continuará en la Justicia provincial. Pero si insiste en que el caso debe tramitar en el fuero federal, se abrirá un conflicto negativo de competencia y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de definir qué tribunal deberá seguir investigando.
