EL BOLSÓN
Intendentes de JSRN rechazan un fallo que legitima usurpaciones
El fallo del juez federal sostiene que no existen elementos para considerar que quienes ocuparon tierras del INTA hayan cometido un delito.
Los intendentes de Juntos Somos Río Negro manifestaron su “rechazo” al fallo del juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, quien rechazó un pedido de desalojo de un predio usurpado en El Bolsón por “no considerarlo un delito”.
“El juez pretende definir una situación compleja desde su despacho, buscando imponer una determinada política a los intendentes atribuyéndose funciones que no le corresponden”, puntualizaron. Para los jefes comunales, al invadir la esfera de actuación propia de otros poderes del Estado el juez “se olvida de la letra y del espíritu de la ley y de la Constitución Nacional”.
A contramano de la solicitud formulada por la fiscal Silvia Little, el juez subrogante Zapata sostuvo que no existen elementos para considerar que los ocupantes hayan cometido un delito. “El juez no alcanza a visualizar los alcances de este fallo, que nos coloca a las ciudades como rehenes de cualquier aventura de usurpación”, remarcaron.
Para los intendentes, el acceso a la tierra y la vivienda es una problemática compleja que “sólo se puede resolver a partir de la colaboración y el diálogo mutuo, y no imponiendo hechos de fuerza ni avasallando derechos de terceros”. Es “preocupante” que en medio de la pandemia de coronavirus, cuando todos los recursos de los municipios están dirigidos a contener la situación social, se les obligue a “buscar soluciones urgentes a un problema que data de mucho tiempo atrás”.
“Aducir que existen hechos consumados es aceptar que cualquiera puede violar la ley, pisotear los derechos de los demás y avanzar sobre la propiedad pública o privada. Si realmente queremos encontrar la solución, no va a ser justificando hechos delictivos”, explicaron.
El fallo del juez Zapata fallo el juez insta a la Municipalidad de El Bolsón que realice en el plazo de 15 días un exhaustivo relevamiento de las familias asentadas en el predio de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que deberá contener número de personas que componen el grupo familiar, identificación de las mismas con copia de DNI, y recursos con los que cuentan, entre otros. Se deberá identificar, especialmente, la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad.
El INTA deberá también en 15 días a realizar un plan de acción futuro sobre la protección del predio cuyo, en caso de que el mismo sea desocupado.
