Otra vez, el manejo deshonesto de los planes sociales

Actuaciones judiciales que tuvieron lugar en distintas regiones del país, arrojaron luz sobre el manejo arbitrario y hasta delincuencial de los planes sociales, y desnudaron no sólo el robo para la corona -para la caja política- sino también el accionar de presuntas asociaciones ilícitas, en desmedro de aquellos desposeídos a los que debía llegar la ayuda que, en muchos casos, jamás llegó.

Aquí, en Neuquén, tramita la causa por la estafa multimillonaria a la Provincia, en la que está detenido (con prisión preventiva), el ex director de Planes del ministerio de Desarrollo Social, Ricardo Soiza, e investigados otros ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez.

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue detenido un sujeto que realizaba extracciones en un cajero céntrico de la red BAPRO (así se llama el banco oficial). Eso ocurrió en septiembre y el sujeto fue identificado como Julio Segundo Rigau, electricista, empleado de la Cámara de Diputados y puntero del PJ. Tiene 65 años y más se lo conoce por su alias: “Chocolate”. Cuando lo pescaron in fraganti, tenía 48 tarjetas de débito -con sus respectivas claves- y 1.257.000 pesos en efectivo. Rápidamente se supo que los plásticos pertenecían a empleados de la Legislatura bonaerense.

Ahora, hace apenas unas horas, saltó a la luz otro caso. Remite a la gestión de Jorge Capitanich -ex gobernador de Chaco- y surgió con la denuncia que presentó la interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Clelia Ávila.
Se investigan presuntas irregularidades en el manejo de los fondos distribuidos a dirigentes piqueteros desde dicho organismo, durante los tiempos de Coqui, quien (en política) carga con la mochila del femicidio por el que está detenida una familia (clan) de piqueteros devenidos en nuevos ricos: los Sena.

Un diario porteño publicó que “Ávila recibió de parte de empleados del Iafep una tablet que era utilizada en la administración provincial de Capitanich. Según la funcionaria, encontró datos muy sensibles que le permiten develar una ruta de corrupción, ya que en la misma aparece información que demuestran una vinculación muy estrecha entre ex funcionarios provinciales y dirigentes sociales o de cooperativas, con transferencias por 19,5 millones de pesos.

Hasta 2023, el Iafep manejaba varios programas, entre ellos el habitacional. Se dice que los pesquisas dieron con más de 50 pagos (de 100 mil, 500 mil y superiores al 1,5 millón de pesos) entregados a piqueteros a cambio de favores políticos.

Aquí, en Neuquén, ni bien inició su gestión, el gobernador Rolando Figueroa anunció que sancionaría a los empleados públicos que (se constató) cobraban planes. Y que, al mismo tiempo, sacaría del medio a los sujetos y organizaciones que lucraban con las necesidades de los demás y que “oficiaban” de intermediarios entre los sectores empobrecidos de la población y la ayuda del Estado. Les quitó “la caja” y eso, claro, tuvo consecuencias. La reacción inicial fue un acampe en las afueras de Casa de Gobierno.

Los que mandaron a instalar las carpas fueron dirigentes piqueteros de la Cooperativa Viento Sur Ltda que integraban (o integran) las organizaciones FOL, Darío Santillán y Polo Obrero, y que durante el último año de la gestión de Gutiérrez dispuso de aportes no reintegrables por algo más de 1.177 millones de pesos. No tenían que devolver ni un centavo, pero tenían que rendir cuentas y, como se sabe, se desnudaron flojitos de papeles. Tales fueron las inconsistencias que expusieron la compra de una Frontier (Nissan) y de chorizos (en este caso, por unos tres millones de pesos).

El gobierno de Figueroa les dijo que no renovaría el contrato y no lo renovó. También les ofreció sumarse al programa de empleo y capacitaciones que puso en marcha la provincia. Los dirigentes lo rechazaron, pero no así varios de aquellos a los que decían representar. Sistema Público de Promoción del Empleo Neuquino, así se llama el programa que ya incorporó a trabajadores, a partir de un convenio con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

La decisión de eliminar a los intermediarios en la distribución de los planes, hizo que Figueroa sumara respaldos. El interbloque Neuquinizate de la Legislatura provincial (los partidos con los que llegó al gobierno) difundieron un comunicado con el resumió la cuestión: “En el camino del trabajo, sin extorsión”, lo titularon. El desafío no es sencillo, pero el cambio era necesario.