El Gobierno de Río Negro concretó el primero de los cinco pagos comprometidos para asistir a la empresa Alpat, ubicada en San Antonio Oeste, en medio de un plan preventivo de crisis presentado por la firma a comienzos de este año. La compañía, dedicada a la producción de carbonato de sodio, había alertado sobre serias dificultades financieras por el aumento del gas y la apertura de importaciones, lo que ponía en jaque su continuidad operativa y más de mil puestos de trabajo directos e indirectos.
La asistencia económica, que asciende a $793.000 mensuales, se extenderá entre mayo y septiembre. Según informaron desde la administración provincial, los fondos provienen de la renegociación de concesiones petroleras y están destinados a cubrir el elevado costo del gas natural, que representa casi la mitad del costo de producción de Alpat. El objetivo es mantener la planta en funcionamiento mientras se ejecuta un plan de retiro voluntario y se negocian condiciones laborales con los gremios.
Esta intervención forma parte del Plan de Mantenimiento del Empleo Rionegrino, que también contempla la presencia de dos veedores: uno designado por la Secretaría de Trabajo y otro por la empresa, con el fin de monitorear los compromisos asumidos en el marco de las audiencias que derivaron en el acuerdo. La prioridad del Ejecutivo provincial es garantizar la paz social y evitar el cierre de una empresa considerada estratégica para la economía del este rionegrino.
El aporte generó cuestionamientos desde la oposición. La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, criticó la ayuda por considerar que beneficia a una empresa vinculada a Cristóbal López, empresario ligado al kirchnerismo y con antecedentes judiciales. Desde el oficialismo salieron al cruce de inmediato: el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, defendió la medida y acusó a la legisladora de hacer política “barata”, remarcando que la prioridad del gobierno es cuidar el empleo, no mirar quién está detrás de la firma.
Para la Provincia, Alpat no solo es una fuente de trabajo clave en la región atlántica, sino también una pieza fundamental en la cadena industrial, sobre todo tras haber iniciado el año pasado los envíos de carbonato de sodio para la industria del litio. En un contexto de recesión y políticas nacionales de ajuste, Río Negro decidió no quedarse de brazos cruzados frente al riesgo de un nuevo cierre industrial.